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MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Vox ha interpuesto una denuncia ante los tribunales contra “quien resulte responsable de la aplicación tempestiva y sin cobertura legal” del dispositivo policial para controlar las salidas y entradas de Madrid antes de la publicación del estado de alarma en la capital y otros nueve municipios de la comunidad.
Entiende Vox que los jefes policiales podrían haber incurrido en un delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal que produce la vulneración de principios constitucionales del derecho a la libre circulación recogidos en el artículo 9.3, 103, 106 de la Constitución.
Los servicios jurídicos de Vox, dirigidos por Marta Castro, explican en su escrito que el viernes 9 de octubre sobre las 15.00 horas se inicia la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se explican las características del nuevo estado de alarma y las limitaciones que implican.
Castro denuncia también que el Ministerio desplegó a todos los efectivos policiales que consideró necesarios con instrucciones para hacer cumplir la disposición, pese a saber que no se podía ejecutar sin haber cumplido los trámites legales obligatorios para su entrada en vigor. Además, se informó a la ciudadanía de su efectiva aplicación, “haciéndoles creer de la efectiva entrada en vigor y de la legalidad de su actuación cuando por el contrario aún no lo podían aplicar”.
La denuncia recoge la cronología de lo sucedido el viernes 9 de octubre: a las 15.01 horas, el Ministerio del Interior anuncia en Twitter la puesta en marcha de un dispositivo formado por más de 7.000 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para confinar Madrid; a las 15.34, la Delegación de Gobierno anuncia y difunde la puesta en marcha del dispositivo policial, alegando que el despliegue “garantizaba las medidas contempladas en el real decreto del estado de alarma”. Como consecuencia, se colapsaron las principales arterias de salida de Madrid.
Sin embargo, tal y como recoge la denuncia, el real decreto del estado de alarma se publicó en el BOE a las 16.48 horas, pero la publicación resulta contradictoria con la creación del texto del Real Decreto 900/2020 que aparece creado ese día a las 17.37.
Para la vicesecretaria jurídica de Vox, se ordenaron comunicar como si fueran legalmente aplicables y se ejecutaron las normas antes de su publicación, por lo que fue “ilegal”.
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