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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió este miércoles que el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' de la economía española es “absolutamente esencial” para que España “recupere el nivel de PIB previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y volvamos a la senda de crecimiento preCovid a finales de 2023”.
Sus previsiones las desveló durante un encuentro informativo en La Moncloa para detallar el plan presentado esta mañana por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y junto con los también vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Teresa Rivera.
Con las proyecciones del Gobierno el crecimiento "inercial" de la economía se retrasaría más allá del 2023 dicha recuperación del PIB que prevén alimentar y potenciar con las medidas del plan, conforme a la presentación con que la Calviño acompañó su exposición.
Según la vicepresidenta económica, el plan supone “una oportunidad extraordinaria para impulsar la recuperación económica y abordar un proceso de modernización de nuestra estructura productiva”, con intención no sólo de hacer frente a los retos derivados de la pandemia, “sino también para lograr un crecimiento más sostenible a medio plazo desde el punto de vista económico y financiero, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social”.
El programa de inversiones y reformas, que según detalló tiene un abanico “muy denso” de medidas y actuaciones busca movilizar la inversión privada y la innovación, además de lanzar un programa que “nos permita crecer entre 2 y 3 puntos porcentuales en los próximos tres años y a medio plazo, lograr que la economía española tenga un crecimiento potencial superior al 2%”. Calviño, como anunciaba Sánchez por la mañana, indicó que los programas del plan permitirán además la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en el trienio de aplicación del plan.
La digitalización es uno de los cuatro ejes del plan que guiará la ejecución de los 72.000 millones de euros que lleguen de fondos europeos en los próximos tres años, junto a la transición ecológica, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.
A su desarrollo se destinarán 19.600 millones de euros en el trienio 2021-2023, cifra equivalente al 33% del presupuesto total. Calviño subrayó que el país cuenta con “una buena posición de partida” para abordar la transformación digital, cuyo avance ha facilitado la pandemia “al llevar al universo digital nuestro trabajo, la educación, el ocio, las relaciones familiares e interpersonales”, demostrando dichas fortalezas con cuestiones como la “excelente calidad de las infraestructuras”.
Indicó que también hay un “buen punto de partida” en la digitalización de las administraciones públicas; tenemos grandes empresas que “son líderes mundiales en el ámbito de las telecomunicaciones y en otros sectores estratégicos clave para el futuro” como el sector financiero, comercio, transporte, infraestructuras, la automoción o el turismo y “somos líderes en ciberseguridad” y se está a la cabeza de la tecnología 5G.
No obstante, explicó que también hay carencias de se deben encarar y de forma particular subrayó las relacionadas con las competencias digitales de la población y la digitalización de las pymes. Según detalló la digitalización es un proyecto transversal que se desarrollará a través de las diez “políticas palancas” y que van desde la agenda urbana a la educación, incluyendo la agricultura, turismo, industria y desde la modernización de la administración pública hasta la nueva economía de los cuidados, lo que explica que tenga una de las mayores dotaciones presupuestarias.
La transformación se articulará a su vez a través de proyectos específicos ya trazados en la ‘Agenda España Digital 2025’ presentada por el Gobierno en julio y que incluye 10 objetivos estratégicos.
Según recordó, entre ellos figura garantizar una conectividad digital para el 100% de la población, “promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas”, liderar el despliegue del 5G en Europa para que llegue el 70% de la población o “reforzar” las competencias digitales de los trabajadores y la sociedad. También incluye reforzar la posición en ciberseguridad, impulsar la digitalización de las administraciones públicas, digitalizar a 2,5 millones de pymes o impulsar proyectos en sectores tractores como el agroalimentario, la salud, el turismo, el comercio o la energía.
En concreto, el Gobierno destinará 4.000 millones a proyectos de conectividad; 3.500 millones a desarrollar las competencias digitales; 2.600 millones a digitalizar las administraciones públicas,y 2.200 millones a los seis macro-proyectos tractores.
Otros 1.150 millones irán a proyectos de digitalización y crecimiento en pymes y startups, 500 millones a planes sobre datos e inteligencia artificial, 200 millones a hacer de España un Hub audiovisual y otros 5.450 millones a sinergias con otros planes.
“Tenemos un objetivo transversal que la digitalización contribuya de forma importante a cerrar las diferentes brechas sociales, territoriales y de género que de forma tan importante se han agrandado en los últimos diez años”, abundó Calviño incidiendo en la importancia que para impulsar este programa tienen las normas. Entre otras citó la ley de startups, la ley audiovisual o las subastas de espectro para el segundo dividendo digital y la ley de educación.
Por otro lado, reconoció la importancia de impulsar la colaboración pública privada ya que se estima que la transformación digital precisa de unos 140.000 millones de inversión en el periodo 2021-2025, conforme a estimaciones del sector.
Calviño resumió que en España se presenta una “oportunidad única” para, aprovechando el “buen punto de partida” y fortalezas, colocarse “a la vanguardia de esta nueva realidad digital”, y subrayó que se trata “de tomar ahora las decisiones correctas para encauzar el futuro de nuestro país”. La ministra recordó que las medidas arbitradas para encarar la respuesta provocarán un aumento “muy importante de la deuda pública, que podría ser un lastre para las generaciones futuras si no se invierte adecuadamente en la modernización de nuestro modelo productivo” y en un “nuevo contrato social para dar a los jóvenes oportunidades profesionales y personales como el mencionado para construir un país mejor”.
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