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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se mostró convencido este miércoles de que “esta será la legislatura del Derecho de la Discapacidad” y se felicitó de que “por fin 2020 puede ser 2006”, en referencia al año de aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Campo realizó estas afirmaciones durante un encuentro organizado por la confederación Plena Inclusión España y por Servimedia, donde destacó la importancia de las reformas del Código Penal, de la legislación civil y procesal y de la Constitución en materia de discapacidad emprendidas por el Gobierno.
La primera supondrá eliminar del Código Penal el párrafo del artículo 156 que permite la esterilización no consentida de personas incapacitadas judicialmente; la segunda tiene que ver con la eliminación de la incapacitación judicial propiamente dicha y su sustitución por un sistema de apoyos individuales adaptado a las necesidades de cada persona con discapacidad para facilitar su toma de decisiones, y la tercera persigue el cambio del artículo 49 de la Constitución, a fin de sustituir el término ‘disminuido’ por el de ‘personas con discapacidad’.
En su intervención, el ministro confesó sentirse “muy orgulloso además de la unanimidad que están cosechando estas tres normas". Campo recordó que la pasada legislatura se aprobó la modificación de la Ley del Régimen General Electoral para permitir el derecho al voto de las personas con discapacidad que habían sido incapacitadas e indicó que “el arco parlamentario ya está lo suficientemente maduro como para sacar adelante las demás reformas pendientes”. Por eso, “creo que esta sí puede ser la legislatura en la que finalmente se regulen los derechos de las personas con discapacidad” recogidos en la Convención de Naciones Unidas, declaró.
Consideró que de las tres normas que impulsa el Gobierno, la reforma de la legislación civil y procesal es la “más importante”, pues “el Derecho Civil, que se refiere a lo cotidiano, a cómo regulo yo mi día a día, es lo más determinante” para la vida de las personas. Esta nueva norma, que aún es un anteproyecto de ley, “supone acabar con la figura de la tutela, de gran tradición en nuestro ordenamiento jurídico, que bebe del derecho romano” y fomentar en su lugar la del papel de curador y la provisión de apoyos individualizados.
Se trata, en suma, de que la persona con discapacidad reciba la ayuda que precisa para tomar sus propias decisiones. A fin de cuentas, “tiene que ver con el respeto y la dignidad de las personas", afirmó el ministro.
Preguntado sobre la eventual discriminación que las personas incapacitadas han sufrido a lo largo de la historia, Campo no quiso pronunciarse de forma tajante. En su opinión, “el Derecho es algo vivo y eso es válido para todas sus ramas”. Por eso, “encontrar el tono justo de una norma es una obligación que tiene el legislador y también de exigencia por parte de los ciudadanos".
De ahí que “si además conseguimos concluir la legislatura con la reforma de la Constitución, creo que habremos dado, no sólo en forma, sino también en contenido y valores, una respuesta a aquello que la sociedad nos demanda y que las personas con discapacidad nos exigen”, concluyó.
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