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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, describió este miércoles como "discrepancias menores" que el Gobierno prevea un desempleo máximo del 17% en el peor momento del año que viene como consecuencia de la crisis económica derivada del coronavirus, y el Banco de España, en cambio, eleve el porcentaje al 22%.
En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Garzón explicó que “la economía no es una ciencia exacta”, sino que “depende de muchas variables” y en este caso de la evolución de una pandemia de la que incluso se desconoce cómo se comporta el virus.
“Los economistas trabajamos con modelos económicos”, abundó, señalando que éstos “dependen de supuestos y llevan a conclusiones distintos”. En todo caso, apuntó que las relativas al desempleo máximo previsto para el año que viene son “discrepancias menores” y que incluso “puede que fallen todas” las previsiones, porque los modelos “suelen basarse en supuestos de que lo que ha sido hasta ahora siga siendo igual”.
En el mismo sentido, dijo que no puede preverse cuántos de los trabajadores que se han acogido a ERTE podrán volver a su actividad y cuántos no, y barajó para este segundo grupo porcentajes que van entre el 5 y el 20%. “No está claro qué va a suceder”, reconoció, deslizando que la de retomar la actividad o no “muchas veces es una decisión muy ‘sui generis’” del empresario.
Respecto al plan de recuperación que hoy presenta el Gobierno en un doble acto matinal y vespertino, indicó que hasta ahora España ha estado “compitiendo en salarios” y “tendríamos que competir en producto”, y para ello el Gobierno debe generar marcos para que las empresas tengan la capacidad de innovar. De esa forma, los fondos europeos no han de servir para “compensar pérdidas pasadas”, sino servir de “palanca de modernización” del país.
En otro orden de cosas, Garzón insistió, como ya ha hecho en otras entrevistas, en que “en ningún momento” se sintió “desautorizado” por otros miembros del Gobierno cuando publicó el tuit en el que acusaba al Rey de maniobrar en contra del Ejecutivo cuando llamó al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para expresarle que le habría gustado estar en el acto de Barcelona en que se entregaron sus actas a los nuevos jueces.
El ministro reiteró, como en otras ocasiones, que lo que dijo “es correcto” y que su “deber institucional” es defender la neutralidad de las instituciones, especialmente de “la más protegida”, como es la monarquía. Así, postuló que lo que hizo fue “mucho más razonable para el futuro de la monarquía” que la defensa que hace de ella la derecha, porque cuando ésta la patrimonializa hace que “cada vez más gente se disocie de la idea de que España tiene que ser una monarquía parlamentaria”.
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