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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este lunes que el Gobierno no discrimina a los españoles según su procedencia en lo concerniente a las medidas que adopta para combatir la pandemia del coronavirus, lo que le sirvió para acusar a la Comunidad de Madrid de utilizar las restricciones a la movilidad impuestas en la región para presentarse como “víctima” de una “actuación política”.
Lo dijo en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, en la que se pronunció sobre la disputa entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la aplicación de las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en vigor desde este viernes, que han sido recurridas por el Ejecutivo regional ante los tribunales.
La titular de Defensa destacó que actualmente la “prioridad absoluta” de las administraciones debería ser la “salud de los madrileños” y juzgó conveniente solventar las diferencias que la aplicación de las medidas para contener el virus puedan suscitar a través del diálogo en lugar de optar por el comodín del recurso ante los tribunales.
Dijo comprender el desconcierto de los ciudadanos ante lo que sucede en Madrid, porque “nadie puede entender que todavía estemos pendientes de lo que digan los tribunales”, y trasladó a las autoridades autonómicas madrileñas que la lucha contra el coronavirus no es “político” ni se puede entender desde un prisma de “ganadores y perdedores”.
Robles alzó el tono contra la Comunidad de Madrid al aseverar que recurrir ante los tribunales las medidas del Ministerio de Sanidad “no ayuda en absoluto” a la “necesaria tranquilidad” de los ciudadanos.
Añadió que el Gobierno, cuando actúa contra la pandemia, no discrimina a los ciudadanos según su lugar de origen, un aserto que le permitió acusar a la Comunidad de Madrid de utilizar las restricciones a la movilidad impuestas en la región para presentarse como “víctima” de una “actuación política”.
A su vez, recordó que las Fuerzas Armadas cuentan con 2.000 rastreadores formados que están a disposición de las comunidades autónomas que soliciten sus servicios. Hasta la fecha han sido 15, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Adujo que hasta la fecha más de 1.700 rastreadores militares están colaborando en el seguimiento de los contactos de las personas contagiadas por el coronavirus, e hizo un aparte con la Comunidad Madrid, para poner de manifiesto que su Gobierno regional pidió 150, estando hasta el momento operativos 168.
“¿Por qué hay 1.700 rastreadores en toda España, y Madrid, con cuatro millones de habitantes, sólo pide 150?”, se preguntó.
Robles se respondió a sí misma que “hay algo que no funciona”, cuando el Gobierno formula una oferta para ayudar a las comunidades ante la pandemia y alguna de ellas no “corresponde”.
No obstante, dejó claro que el Ministerio de Defensa mantiene su ofrecimiento a las comunidades para que los militares colaboren en labores de rastreo, de desinfección o de logística.
Por otro lado, la ministra se refirió a las críticas vertidas por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la Monarquía. Lo hizo efectuando un elogio del “pacto constitucional”, que, a su juicio, ha alumbrado el “mejor periodo en la historia de España”, y del que forma parte la “monarquía parlamentaria impecablemente representada por Felipe VI”.
Robles aprovechó la cuestión para reiterar el flaco favor que se hace a España cuestionando las instituciones en un momento tan complicado como el actual, y reiteró su habitual respaldo a la Jefatura del Estado, de la que dijo que se mueve en el marco de la “neutralidad”.
También se reafirmó en sus acusaciones al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por filtrar una “llamada privada” de Felipe con la “finalidad clarísima” de “enfrentar a la Monarquía con el Gobierno”.
Por último, eludió pronunciarse sobre la pretensión del Gobierno de retocar la ley para renovar el CGPJ eliminando el derecho de veto de la oposición, aunque llamó la atención sobre el hecho de que “lo verdaderamente grave” que es el PP haya decidido “tomar como rehén” al órgano de gobierno de los jueces bloqueando su renovación.
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