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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa del Banco Popular, José Luis Calama, tomará declaración la próxima semana a varios testigos cuyas comparecencias tuvieron que ser suspendidas por la pandemia de coronavirus. Entre los citados está la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.
El magistrado aplazó el pasado 4 de junio una decena de declaraciones, que programó entre los días 17 de septiembre y 18 de octubre. La más importante de ellas fue la del exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien testificó el 30 de septiembre por videoconferencia desde Alemania. Aunque el primero en comparecer en esta ronda fue el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, el día 17 septiembre.
La presidenta del Banco Santander está citada a declarar el día 8 de octubre, mientras que el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique tendrá que comparecer el día 15.
El día 6 de octubre, Calama ha citado a cinco testigos, todos ellos directores territoriales del Popular en el año 2016: Miguel Ángel Franco, encargado la zona norte; Manuel Quero, de la zona centro; Alfonso Ruspira, de la zona Cataluña/Baleares; José Baonza, de la zona de Levante, y Luis Marín, de la zona de Andalucía. Asimismo, comparecerá Fernando Merino, responsable de la red del Banco Pastor en 2016.
En su comparecencia ante el juez, Luis de Guindos, admitió que un mes antes de la caída de la entidad mantuvo contactos con cinco grandes bancos, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank, para que adquirieran el grupo financiero. Sus gestiones no tuvieron éxito y ninguno quiso presentar oferta alguna como consecuencia de la gran exposición del Popular al sector inmobiliario durante la crisis.
Así las cosas, defendió, la oferta de compra del Popular por el Banco Santander por el precio simbólico de un euro en junio de 2017 como la mejor alternativa para evitar que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tuviera que avalar hasta un máximo de 100.000 euros a los depositantes, una operación que habría obligado al Estado a realizar una emisión de deuda que habría dejado tocada la credibilidad al país.
El Banco Popular tuvo que afrontar la salida de más de 20.000 millones de euros de depósitos durante el mes de abril de 2017. La fuga de depósitos estuvo alentada por los mensajes del entonces presidente del banco, Emilio Saracho, a los accionistas sobre la precaria situación de la entidad y la necesidad de proceder a una ampliación de capital del banco o a su venta. La falta de liquidez de la entidad llegó a ser tan alarmante que el Popular tuvo que avisar por carta al BCE de que no podía abrir al público a principios de junio, lo que precipitó su caída.
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