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Anfac critica al Gobierno balear por la aplicación de Moves II

Agencias
viernes, 2 de octubre de 2020, 17:32 h (CET)

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)


La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha expresado su incomprensión hacia el hecho de que el Gobierno balear haya publicado unas bases para la aplicación del plan Moves II en su territorio diferentes de las que rigen en el resto de las regiones.


La patronal señala en un comunicado que la convocatoria para acceder a las ayudas públicas para la compra de vehículos eléctricos se publica tarde, porque el plazo para lanzarlo acababa el 17 se septiembre, y con unas modificaciones que reducen su eficacia y crean confusión.


El plan en Islas Baleares recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, con la única excepción para estos últimos de que no tengan un coche en propiedad. Para los fabricantes, esta exigencia ya se ha mostrado manifiestamente ineficiente en la primera edición del Moves y, por ello, se flexibilizó en esta nueva edición.


"De este modo, impide de nuevo a las empresas acceder a las ayudas, dado que no tienen en propiedad vehículos de la antigüedad necesaria. Y todo sabiendo que son las compañías las que más vehículos de estos tipos adquieren para sus flotas, dificultando de nuevo el mercado de los vehículos cero emisiones en la región y discriminando a sus ciudadanos y empresas respecto de otras comunidades autónomas", señala Anfac en un comunicado.


A juicio de la patronal, las exigencias impuestas para los particulares tienen una "consecuencia nefasta adicional" y es el hecho de que han estado comprando estos vehículos desde que entró en vigor el plan el pasado 18 de junio con derecho a la subvención según las bases generales del Plan Moves II, a la espera de su activación en su Comunidad Autónoma.


Anfac avisa de que estos particulares pueden ver ahora denegadas las ayudas por no cumplir unos requisitos de achatarramiento diferenciales de esta comunidad y discriminatorios respecto del resto. "Este cambio sobrevenido genera confusión adicional e inseguridad jurídica, paralizando de nuevo el mercado de vehículos eléctricos en esta región", denuncia la asociación.


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