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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Administración de Justicia pasará a la fase 2 de la desescalada el próximo martes, lo que implica que a partir de entonces y durante quince días el personal que acudirá a juzgados y otros centros de trabajo será, con carácter general, de entre un 60% y un 70%.
Así lo decidió este viernes la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia, que también acordó que se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios en un mismo espacio impida mantener la distancia de seguridad y evitar contagios por el Covid-19.
Según informó el Ministerio de Justicia, el BOE publicará este sábado la orden por la que se activa la fase 2 y los criterios para su implantación. La medida supondrá un refuerzo importante de efectivos en la prestación del servicio público durante la transición a la nueva normalidad desde criterios de salud laboral.
El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial. La medida ha quedado formalmente aprobada hoy por el Consejo de Ministros tras la autorización dada por el Congreso de los Diputados este miércoles a la prórroga del estado de alarma.
“LO MÁS PRUDENTE”
Campo indicó que “lo más prudente” era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase 3, con el 100% de efectivos en los juzgados.
El ministro también anunció que su departamento trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica.
El responsable de Justicia llamó a “coordinar y conectar esfuerzos” para el éxito de estos planes específicos de actuación, sobre los que se realizará un seguimiento exhaustivo, para su reedición en 2021. “Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía”, afirmó.
Campo pidió a las comunidades autónomas y las administraciones competentes “voluntariedad y generosidad” para articular, también, la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis. Campo ha avanzado que el planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año 23 de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.
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