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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Más de 50 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Facua, se han sumado ya a la campaña para que Google elimine el software preinstalado en los dispositivos Android.
A este respecto, también denuncian la imposibilidad de eliminar dichas aplicaciones así como que estas dispongan de permisos activados que no han sido autorizados por el usuario, según informó este martes la organización de consumidores Facua a través de un comunicado.
En una carta abierta al CEO de Alphabet Inc., Sundar Pichai, los denunciantes critican lo que consideran una “vulneración” de los derechos de los consumidores al entender que las aplicaciones ya instaladas pueden “exponer” a los usuarios a que sus datos sean “recopilados, compartidos y expuestos sin su conocimiento o su consentimiento”.
Este tipo de aplicaciones puede contar con permisos personalizados que les permiten operar “fuera del modelo de seguridad de Android” y, como consecuencia, pueden definir los permisos, incluido el acceso al micrófono, a la cámara y a la ubicación, sin activar los mensajes de seguridad habituales de este sistema operativo, subrayó Facua.
De este modo, a su juicio, los usuarios quedan “expuestos” a las prácticas comerciales “explotadoras” de fabricantes de teléfonos inteligentes en todo el mundo, por lo que las organizaciones demandan “cambios urgentes” como la capacidad para poder desinstalar las aplicaciones de estos dispositivos de forma permanente.
De igual forma, los firmantes estiman que las aplicaciones preinstaladas deberían tener el “mismo nivel de control” que las aplicaciones de Play Store, “especialmente” en cuanto a los permisos personalizados, así como tener algún mecanismo que permita actualizarlas, “preferiblemente” a través de la tienda de Google y sin necesidad de tener una cuenta de usuario.
Las organizaciones ven “justos y razonables” estos cambios que, según su criterio, “marcarían una gran diferencia para millones de personas” que, gracias a este tipo de medidas, “no tendrían que sacrificar su privacidad y seguridad a cambio de acceder a un teléfono inteligente" ni ser "explotados en la carrera de fondo desatada por los precios de los teléfonos inteligentes".
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