Los hidrocarburos aportan el 61,5% de la recaudación de los impuestos medioambientales en España

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El Impuesto sobre Hidrocarburos, con 13.156 millones de euros en 2017, aporta en España el 74% de la recaudación de los impuestos sobre la energía y el 61,5% de la de los impuestos medioambientales, mientras que el segundo tributo medioambiental que más recauda, con el 10%, es el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Así se refleja en el informe ‘La Fiscalidad Ambiental en España. Situación actual y tendencias’, publicado este lunes por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que advierten que “la fiscalidad medioambiental en España debería repensarse porque, aunque existen multitud de impuestos presuntamente verdes, la realidad es que más del 60% de la recaudación de este tipo se consigue a través del Impuesto sobre Hidrocarburos”.

El informe del CGE subraya que los impuestos medioambientales en España aportan un 5,4% de los ingresos tributarios, siete décimas menos que la media de la UE. Además, el CGE advierte que “pese a la creciente preocupación por el medio ambiente”, en términos relativos la recaudación de este tipo de fiscaldiad “ha disminuido desde el año 2000 a 2016, en el mundo en general y en Europa en particular”.

En concreto, en 2002 España recaudaba un 6,1% de sus ingresos tributarios a través de los impuestos medioambientales, equivalente al 2% de su PIB, mientras que en 2017 estos datos se situaban en el 5,4% y el 1,8%, respectivamente. En la UE, en 2002 se recaudaban de media un 6,8% de los ingresos tributarios a través de la fiscalidad medioambiental, siete décimas más que en 2017 (6,1%), y un 2,5% sobre el PIB, una décima más que en 2017 (2,4%).

Sin embargo, el CGE apunta que en términos absolutos la recaudación tributaria sí ha crecido, ya que en 2017 España ingresó 21.382 millones de euros con este tipo de fiscalidad, un 3% más que en 2016.

Según el CGE, la explicación a esta reducción en términos porcentuales se debe, por un lado, a que los impuestos sobre la energía dan lugar a una reducción del consumo, erosionando las bases imponibles, y, por otro, a que los elevados precios de la energían han supuesto la necesidad de moderar los tributos, ya que estos encarecen aun más la energía. Además, el secretario técnico de REAF, Luis del Amo, añadió que “estos impuestos están algo anquilosados, mientras que la eficiencia energética ha mejorado”.

En España los impuestos medioambientales se aplican sobre el uso de productos energéticos y la emisión de gases, la propiedad de medios de transporte y los servicios relacionados con los mismos, sobre la contaminación por la emisión al aire y al agua de residuos sñolidos y contaminaciñon acústica, y sobre la extracción de recursos naturales.

En este sentido, el informe del CGE señala que en la UE el 76,9% de la recaudación medioambiental es aportada por el gravamen a la energía, mientras que en España suponen el 82,9%, y que los impuestos al transporte sólo recaudan el 19,8% en la UE y el 12,7% en España.

En cuanto al reparto administrativo de la recaudación medioambiental, en España el 82% corresponde al Estado, el 8% a las autonomías y el 10% a las corporaciones locales. A nivel autonómico, el tributo que más recauda es el del agua, con una recaudación total de 1.309 millones, de los cuales el CGE destaca que el tributo que más recauda es el del Canon del agua de Cataluña, que ingresa 503,6 millones de euros, y, el que menos, el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales de la Región de Murcia, con 127.000 euros.

El presidente del CGE, Valentín Pich, destacó que este tipo de impuestos “sirven para recaudar y direccionar comportamientos”, por lo que es importante implantarlos de la forma adecuada para que no sólo cumplan la primera función.

Entre las propuestas del CGE, se encuentran la creación de un impuesto estatal sobre las emisiones de NOx y de SOx y su reparto a las autonomías; establecer un Impuesto sobre el Agua cedido a las comunidades autónomas; transformar el IVTM en un impuesto ambiental de regulación estatal, aunque con gestión y recaudación cedible a comunidades autónomas o ayuntamientos, sobre los medios de transporte cuyas cuotas dependan de las emisiones de CO2 de los vehículos; elaborar una ley marco de fiscalidad medioambiental; adecuar las políticas de subvenciones e imposición, entra otras.

Por su parte, María José Portillo, directora de la cátedra de Hacienda Territorial de la Univesidad de Murcia, señaló que están empezando a estudiarse medidas de fiscalidad medioambiental a nivel europeo o mundial y abogó por un impuesto mundial, o al menos estatal, a las emisiones de gases, al considerar que “no tiene sentido un impuesto autonómico, ya que no se puede poner una frontera que separe el aire entre una comunidad y otra”.