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MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Las organizaciones que integran la iniciativa ‘Iglesia por el Trabajo Decente’ revindican que “la política económica debe estar siempre al servicio del trabajo digno” pues “el trabajo está lejos de ser un derecho que garantice la dignidad de la persona, mientras aumenta el número de trabajadores y trabajadoras pobres”.
Así lo aseguran las entidades católicas Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (Confer), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC), que denuncian los efectos “deshumanizadores de la explotación laboral” en
un manifiesto que han elaborado con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora el 7 de octubre.
Las ONG de la Iglesia tachan de “indecente”, la precariedad que sufre el mundo del trabajo y urgen “a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas”.
En el marco de esta jornada, desde la ‘Iglesia por el Trabajo Decente’ se pone el foco en los efectos negativos de la precariedad laboral, que se traduce en “vidas truncadas, vulnerables y violentadas de personas explotadas y abusadas por contratos temporales y eventuales, con sueldos que no concuerdan con las horas realizadas, sin seguridad en el puesto de trabajo y sujetos a una flexibilidad que acaba quebrando la dimensión personal de las personas trabajadoras al imposibilitar una verdadera conciliación entre trabajo, familia, descanso, participación social y ocio”.
Como se afirma en el manifiesto, “seguimos constatando cómo el trabajo está lejos de ser un derecho que garantice la dignidad de la persona, mientras sigue aumentado el número de trabajadores y trabajadoras pobres”.
Las organizaciones recuerdan que el Papa denuncia que “la dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad nos la da el trabajo!”. Y un trabajo que sea realmente digno, porque hoy, añade, “tantos sistemas sociales, políticos y económicos han hecho una elección que significa explotar a la persona”.
Por ello, las entidades católicas plantean un mayor compromiso de los poderes públicos para construir un sistema económico y social que sitúe a la persona “en el centro”; un trabajo que garantice la dignidad y la justicia; un modelo de trabajo “que sea fuente de reconocimiento social y personal” (atendiendo también a una “conciliación real de la vida familiar y laboral” y un trabajo “que sea realmente para la vida, que se realice en un entorno de seguridad y salud, con condiciones que garanticen la integridad física y psíquica de la persona”.
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