La Fiscalía exige más esfuerzos a la Iglesia católica para luchar contra los abusos sexuales en su seno

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Fiscalía General del Estado ha elaborado un informe en el que hace hincapié en la necesidad de combatir los abusos o agresiones sexuales a menores dentro de la Iglesia católica y exige un mayor compromiso de las autoridades eclesiásticas en la "adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas".

El ministerio público insiste en la importancia de revisar y perfeccionar los mecanismos de actuación para denunciar estos hechos y propone iniciar de "forma inmediata” contactos con las entidades implicadas “a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea”.

Los protocolos de detección de este tipo de conductas necesitan, según el informe, de “revisión y actualización" y la información debe ser objetiva y estar en manos de la Adminsitración. De hecho, la Fiscalía no puede cuantificar en este estudio el número concreto de investigaciones por abusos sexuales a alumnos en el ámbito religioso. Las autoridades eclesiásticas no los facilitan. En cambio, sí que publica que en 2017 se presentaron 965 escritos de acusación por abusos o agresiones sexuales a menores de 16 años, mientras que esos subieron a 1.091 en 2018. En el primero de esos años se contabilizaron 560 sentencias y en 2018 737.

Con el foco puesto en los abusos dentro de la Iglesia, la Fisalía señala que el “fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores que tienen lugar en el seno de las actividades que desarrollan congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas es una realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos”.

Insiste en que la respuesta penal no es suficiente para afrontar el fenómeno, sino que “también son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos que se han podido producir” de manera que se pueda “articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención de estas conductas”. En ese sentido, los fiscales se comprometen a “colaborar e implicarse” en el conocimiento de lo ocurrido en el pasado y de sus consecuencias.

El ministerio público es duro con la renuencia de las autoridades eclesiásticas en España y recuerda que en otros países se han tomado iniciativas contundentes, citando expresamente a Holanda, Austria o Australia, donde se creó una comisión para investigar los casos en 2012.

Además, la Fiscalía General del Estado hace seguimiento de las actuaciones que desarrolla la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA)), en ciertas diócesis y en la propia Conferencia Episcopal Española para elaborar y actualizar los protocolos de actuación ante situaciones.