Crisis gobierno. ceoma pide a pajín un desarrollo igualitario de la ley de dependencia
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jueves, 21 de octubre de 2010, 14:30 h (CET)
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- También reclama a Trabajo que tenga en cuenta la voz de los mayores en materia de jubilación
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) mostró este jueves su deseo de que el nuevo Gobierno sea más sensible hacia la realidad de los mayores, muchos de los cuales están próximos o por debajo del umbral de la pobreza.
Ceoma confía en que la nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, impulse un desarrollo de la Ley de Dependencia de forma que garantice los mismos derechos para todos los ciudadanos, cumpliéndose los principios de igualdad y cohesión social y territorial.
En este sentido, solicitó que se modifique la situación actual, en la cual las diferentes comunidades autónomas la aplican de manera distinta y en muy diverso grado.
En relación al nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, Ceoma demandó que en la reforma prevista de la jubilación se tenga en cuenta la voz de los mayores.
Instó al titular de Trabajo a que la nueva normativa recoja las propuestas que el pasado mes de febrero Ceoma presentó a la Comisión No Permanente de Seguimiento y de Evaluación de Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.
En este sentido, recordó que una de las principales demandas de Ceoma es la edad de jubilación. Así, defendió la eliminación de la jubilación obligatoria, ya que, de no ser así, sería "una grave discriminación por razón de edad", aseguró el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte.
"Nuestra recomendación es suprimir definitivamente la obligatoriedad de jubilarse a los 65 ó a los 67 años. Esta edad sólo debe ser el punto de partida voluntaria y, si en un momento el trabajador cumple esa edad, puede -si así lo desea- jubilarse, siempre que, además, cumpla los requisitos de cotización que se exijan", explicó.
Ceoma está en contra del régimen actual de prejubilaciones, puesto que, en la mayoría de los casos, corren a cargo del Estado y no de la empresa, "una flagrante quiebra del principio de solidaridad", según la directora gerente de la confederación, Raquel Manjavacas.
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