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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) ha solicitado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que implante la obligación de que los edificios del sector residencial dispongan de contratos de mantenimiento de sus instalaciones de telecomunicaciones con empresas registradas.
En un comunicado, Fenie señala que esta obligación, que pide que se incluya dentro del "plan de reactivación económica y empresarial" que está llevando a cabo el Gobierno, se basa en un estudio desarrollado por su propia Comisión de Telecomunicaciones, en la que se demuestra tanto la necesidad y como las múltiples ventajas de este requerimiento.
La Federación explica que la normativa estatal actual delega en los usuarios la obligatoriedad de ejecutar las medidas necesarias para garantizar el correcto estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones.
En este sentido, Fenie afirma que en la práctica se ha demostrado que, en la mayoría de las ocasiones, esto se reduce a actuaciones correctivas, en caso de incidencia o avería.
"La necesidad de un mantenimiento continuado de las instalaciones de telecomunicaciones, ejecutado por parte de profesionales, se presenta aún más necesario a tenor del creciente auge del teletrabajo o de la formación online", incide.
Por todo ello, ha realizado un análisis de situación del parque de edificios residenciales de España, estudiando los costes derivados del mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones, con y sin contrato de mantenimiento, en un plazo de diez años.
Entre sus conclusiones se recoge que un contrato de mantenimiento permite a la comunidad de propietarios ahorrar a partir del segundo año, obteniendo un ahorro superior al 30% del décimo año en adelante, al mismo tiempo que se reducen de tiempos de actuación.
Además, añade que, a diferencia de las actuaciones puntuales por incidencias, este tipo de contratos garantizaría a las empresas instaladoras registradas ingresos fijos y predecibles, lo que permitiría también ampliar plantilla con mayor estabilidad y calidad.
Asimismo, asegura que al obligar a contratar a empresas registradas se ayudaría a reducir la economía sumergida y el intrusismo, "una lacra muy extendida entre este sector", al mismo tiempo que se aumentarían los ingresos de las arcas del Estado por impuestos directos e indirectos.
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