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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Cáritas Española considera "esencial" que las comunidades autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas para complementar el ingreso mínimo vital porque así "permitirán que las personas puedan salir realmente de la situación de pobreza".
"Alertamos ante el riesgo que supondría proceder a una desinversión que tendría efectos muy perjudiciales en las personas y familias más vulnerables", subraya la labor social de la Iglesia católica en España en un comunicado en el que aplaude la aprobación por parte del Gobierno del ingreso mínimo vital.
La ONG recuerda que era una medida demandada por Cáritas desde hace años, que supondrá "un alivio" para cientos de miles de hogares españoles y cumplirá "una función de factor de estabilizador automático en las épocas de crisis".
Si bien, considera que la medida presenta algunos "déficits" como el hecho de que "excluye" a las personas en situación administrativa irregular, a pesar de que, según precisa la ONG, "la propia Ley Orgánica de Extranjería reconoce su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas".
"Nos preocupa la situación de las familias migrantes, que van a caer en situación de irregularidad sobrevenida y, en especial, los menores de esas familias que no van a estar protegidos en condiciones de igualdad con otros niños y niñas de nuestro país por el mero hecho de que a sus padres les falta un papel", avisan.
También alerta sobre la restricción que detectan en el acceso a las personas jóvenes, al no poder acceder al ingreso mínimo las personas a partir de los 18 años, especialmente en el caso de los jóvenes que salen del sistema de protección de menores.
"Incluso en el caso de que se pueda solicitar a partir de los 23 años, será casi imposible acceder a esta protección dados los requisitos que se exigen, como, entre otros, haber vivido de forma independiente durante 3 años, algo que, en el contexto actual, es sumamente complicado para las personas jóvenes", subraya la organización.
Además, Cáritas señala que la limitación a dos unidades de convivencia en un mismo domicilio supone "desconocer" la realidad de muchas familias que, ante la dificultad en el acceso a la vivienda y como estrategia de supervivencia, tienen que compartirla, con lo que superan el límite fijado por el Real Decreto.
Asimismo, alerta de que el ingreso mínimo dejará fuera a las personas que, por sus especiales circunstancias (enfermedades crónicas, por ejemplo), tengan dificultades de inclusión en el mercado laboral; y a aquellas que estén residiendo de forma permanente en lugares con financiación pública.
Cáritas propone algunos retos de futuro como que esta prestación vaya acompañada de un complemento de vivienda, ya que, según indica, la inversión que las familias tienen que dedicar al pago de la misma supera el 50% de los ingresos en muchos hogares.
También pide a las administraciones que faciliten los mecanismos para aquellas personas que encuentran dificultades para empadronarse, teniendo en cuenta que el empadronamiento es condición sine qua non para poder solicitar el ingreso mínimo.
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