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ERC y Bildu piden derogar el decreto que buscaba impedir a Cataluña lanzar plataformas digitales sin control del Estado

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 24 de enero de 2020, 14:56 h (CET)
ERC y Bildu piden derogar el decreto que buscaba impedir a Cataluña lanzar plataformas digitales sin control del Estado
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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley por la que instan al Gobierno a derogar el decreto ley aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de octubre por el que se impide a las comunidades autónomas desarrollar sus administraciones digitales al margen del Estado y que los independentistas bautizaron como un '155 digital' contra la República catalana.

Y es que esta iniciativa afectó de forma directa a la iniciativa IdentiCAT, un proyecto lanzado por la Generalitat para lograr una "identidad digital autosoberana" para los catalanes.

El Ejecutivo, tal y como recuerdan ERC y EH Bildu en su iniciativa, alegó su objetivo era asumir los servicios digitales de comunicación "cuando el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional están en peligro". A su juicio, estos conceptos son "muy subjetivos, abstractos e imprecisos" lo que supone "un riesgo a la hora de definir su significado".

UNA AMENAZA CONTRA LOS DERECHOS BÁSICOS
En el texto registrado en la Cámara, recogido por Europa Press, las formaciones independentistas acusan al Gobierno de usar este decreto ley para cubrir la "laguna" existente en la Ley de Seguridad Nacional en materia de nuevas tecnologías y poder "controlar Internet" sin tener que contar "con una autorización judicial".

"Es una clara amenaza contra los derechos básicos recogidos en el derecho internacional --expresión, opinión, participación política-- similar a la que tienen en países con sistemas no democráticos o en democracias no consolidadas", escriben las formaciones, que añaden que esta norma invade, además, las competencias de las regiones.

En este sentido, advierten de que Euskadi y Cataluña ya han anunciado su intención de presentar iniciativas judiciales y políticas contra esta norma, atendiendo a los acuerdos adoptados en los parlamentos autonómicos correspondientes.

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