Los médicos se manifiestan contra la falta de personal y las largas listas de espera y reclaman inversión

Es frecuente que los profesionales de atención primaria pongan dinero de sus bolsillos para mantener el servicio

Miles de médicos y otros profesionales del sector sanitario se han manifestado en Chile desde el inicio de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, a mediados de octubre, para exigir un cambio profundo en el sistema de salud del país andino.

Las reformas, creen quienes se manifiestan en las calles, deben pasar, en primera instancia, por cambios en la Carta Magna, que será reemplazada el próximo año por un nuevo texto constitucional, tras la celebración de un referéndum previsto para abril de 2020.

"La actual Constitución garantiza a las personas el acceso a la salud, pero no el derecho a la salud. Por eso, los prestadores privados de salud han crecido mucho. Cuando la sanidad pública no es capaz de responder a una atención, tiene que garantizar el acceso, con lo cual, traspasa sus recursos al sistema privado para atender esa garantía", explica Loreto Canales, del centro de atención primaria Edgardo Enríquez, en el municipio Pedro Aguirre Cerda.

El país andino fundó en los años 50 el primer sistema nacional de salud de América Latina. Tres décadas más tarde, en los 80, el modelo cambió profundamente. Las autoridades optaron, durante la dictadura de Augusto Pinochet, por la creación de instituciones de salud preventiva, que son de índole privada y funcionan bajo el precepto de libre mercado.

Ahora, opera un sistema mixto. Alrededor del 80 por ciento de la población está asegurada en el sistema público, conocido como Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Quienes no tienen trabajo o cuentan con ingresos inferiores a los 276.000 pesos mensuales (unos 291 euros), acceden gratuitamente al sistema.

Los trabajadores deben cotizar el 7 por ciento de sus ingresos mensuales para acceder a las prestaciones. Además, si cuentan con un ingreso imponible mensual mayor a 276.000 pesos chilenos, pueden afrontar un 10 por ciento de copago en servicios, y, si cobran más de 402.000 pesos (unos 425 euros), ese monto se eleva hasta el 20 por ciento.

Por otro lado, aquellos que cuentan con más recursos pueden asegurarse con una de las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), que operan con contratos privados.

SISTEMA DISCRIMINATORIO
Quienes se manifiestan por la salud pública denuncian que el sistema es discriminatorio, ya que al 80 por ciento de la población, que son los usuarios del servicio público, se le atiende con menos del 50 por ciento de los recursos disponibles.

Los doctores han denunciado falta de personal, sobre todo, especializado, y también de insumos básicos. Han criticado, asimismo, las largas listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias y el desabastecimiento de algunos medicamentos.

Esas faltas, denuncian los doctores, provocan que parte de los usuarios de la sanidad pública sean derivados a la privada, por libre elección o porque no queda otra opción, siendo los recursos traspasados al sistema de libre mercado.

La peor parte se la llevan los centros públicos de atención primaria. Su gestión fue traspasada a los municipios en los años 80, creando desigualdades, según denuncian los profesionales del sector.

"Hay dinero que la municipalidad tiene que agregar a lo que se asigna por paciente per cápita. La comuna de Las Condes tiene 250.000 habitantes y Pedro Aguirre Cerda tiene 120.000. Pero la municipalidad de Las Condes tiene un presupuesto de unos de 320.000 millones de pesos (unos 338,5 millones de EUROS) y Pedro Aguirre Cerda de 15.000 millones de pesos (unos 15,9 millones de euros)", comenta Germán Jiménez, asistente social y presidente del sindicato Fertrasamm.

"De ese presupuesto salen los salarios de la municipalidad y los aportes a salud y educación para poder tener algún tipo de mejora, porque te entregan los consultorios, pero no te hacen las manutenciones. Si crece la población, tienes que dividir los espacios de trabajo, haciéndolo con presupuesto propio", ilustra.

Canales está en esa situación. Su centro de salud comenzó a quedarse pequeño, y ella ocupó la antigua sala de módems. Los vetustos aparatos, ahora inservibles, cuelgan todavía de la pared del despacho, sin que nadie los haya reclamado. La doctora muestra, en un recorrido, cómo otros profesionales dividen las habitaciones originales del centro a través de paredes de madera.

"FUNDACIÓN MI CASA"
"Aquí decimos que las cosas se han financiado con la 'fundación mi casa'. Es un chiste que hacemos. Pero sí que cuando hacemos talleres, tenemos que comprar los objetos de ejemplo o incluso jugos o agua para ofrecer a la gente que viene. O faltan insumos de escritorio y te los traes tú. O se echa a perder un aparato de la tensión y lo traes tú, para poder dar una atención de mejor calidad a los usuarios", comenta la doctora.

El funcionamiento de la atención primaria depende, cree Canales, de la voluntad y capacidad de los funcionarios de las alcaldías.

"Depende de la experticia de quien administra los recursos en los municipios y del desarrollo que tenga el lugar en cuestión que haya más o menos recursos, que se puedan entregar las prestaciones en salud, que haya déficit de medicamentos y que el ente se endeude más o menos", señala la doctora.

"Tenemos, además, una calidad de medicamentos muy mala. Una insulina que es muy mala, que no compensa mucho a la gente. Los pacientes no tienen acceso a medicamentos de mejor calidad, y le estás dando la misma solución a todo el mundo, cuando no todos son iguales", añade.

Esos problemas, unidos a los bajos salarios, ahuyentan a los profesionales. "En recurso humano no reclutas al mejor. Los médicos que van logrando experticia, poco a poco, acaban siendo absorbidos por el sistema privado, que tiene mejores salarios", lamenta.

Quienes se manifiestan estos días en las calles de Chile reclaman un cambio de modelo sanitario que expanda el sector público y acabe con la municipalización de la atención primaria