Áñez inviste a sus ministros de Minería y Educación tras asegurar que podría convocar elecciones vía decreto

La "presidenta interina" de Bolivia, Jeanine Áñez, ha investido este lunes a sus ministros de Minería y Educación tras advertir de que su Gobierno podría convocar nuevas elecciones vía decreto si el Congreso, liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), no llega a un acuerdo pronto.

Ya son 19 los ministros que tiene Áñez. Las dos nuevas autoridades del Ejecutivo son la exfiscal Virginia Patty Torres, en Educación, y el representante de los mineros cooperativistas, Carlos Fernando Huallpa Sunagua, en Minería.

"Este Gobierno de transición está comprometido en hacer cumplir la Constitución y de las normas que de ella se desprenden, con base en el diálogo y la empatía. Es tiempo de conciliación y entendimiento entre hermanas y hermanos", ha dicho Patty, tras el acto.

El Gobierno de Áñez ha indicado que en las próximas horas también tomarán posesión el nuevo presidente de la empresa estatal de hidrocarburos YPFB y los viceministros de Industrialización, Comercialización y Almacenaje; así como el de Transporte, puestos clave en el nuevo gabinete boliviano teniendo en cuenta el desabastecimiento de combustibles que existe en algunas regiones del país, sobre todo en La Paz.

Con esto, solo le queda por jurar el cargo al titular de la Cartera de Trabajo para completar la conformación de su nuevo Gabinete, según el diario local 'El Deber'.

Horas antes, Áñez había anunciado un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de combustible en La Paz, después de que YPFB informara la semana pasada de que suspendía el envío de combustibles líquidos a la capital por las protestas.

De este modo, la que fuera vicepresidenta segunda del Senado ha seguido adelante con el nombramiento de su Gabinete y ha advertido este lunes al MAS, el partido político del expresidente Evo Morales, de que, si no hay acuerdo en el Congreso para convocar nuevas elecciones, el Ejecutivo lo hará vía decreto.

El acto de posesión se produce después de que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), la Unión Europea y el enviado especial de la ONU, Jean Arnault, convocaran al Gobierno de Áñez, a partidos políticos y representantes de la sociedad civil a un diálogo con el propósito de "pacificar" el país y pactar las condiciones para celebrar elecciones, en medio de una ola de protestas tanto a favor como en contra del nuevo Gobierno.