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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Colegios profesionales, sindicatos profesionales de enfermeros y médicos y sociedades científicas y de consumidores han denunciado la "privatización encubierta" de la Atención Primaria (AP) que supone el anteproyecto de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid (CAM).
Así, a través de un manifiesto, las organizaciones han criticado que en la elaboración de la normativa no se haya contado ni con la participación, ni el consenso, de todos los agentes implicados, como son "todos" los colectivos de profesionales sanitarios, y no sólo farmacéuticos, así como los agentes sociales y los pacientes.
"A todos ellos sólo les ha dado la oportunidad de opinar cuando el anteproyecto de ley ya había sido aprobado para su tramitación", han señalado las organizaciones en el manifiesto, para avisar de que de que la citada normativa "no puede atribuir" unas competencias profesionales a los profesionales de las oficinas de farmacia que no son de su ámbito y que, por el contrario, ya tienen atribuir a otros expertos como, por ejemplo, los médicos y enfermeros.
Un hecho que, tal y como han advertido, puede suponer un "grave conflicto de competencias" entre profesionales farmacéuticos de las oficinas privadas de farmacia, y otros profesionales de la Medicina, Enfermería e, incluso, la farmacia de la sanidad pública. "La realización por parte de los farmacéuticos de determinadas actividades, como lo son la visita domiciliaria, el control de pacientes crónicos o la adherencia al tratamiento, suponen no sólo una duplicidad de actuaciones que ya viene realizando desde el ámbito público, médicos y enfermeros, sino que también puede implicar un grave conflicto de intereses, en prejuicio de los usuarios y de las políticas públicas de uso racional de los medicamentos", han detallado en el manifiesto.
En este sentido, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha recordado que los farmacéuticos tienen una cualificación "muy determinada" y que este anteproyecto de ley puede suponer "varios riesgos" como, por ejemplo, la intrusión en las competencias de otros profesionales por parte de los farmacéuticos, la "descapitalización" de la Atención Primaria y el fácil acceso de empresas a la asistencia sanitaria de los ciudadanos.
Y es que, tal y como ha recordado la secretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), Sara Gasco, en la localidad madrileña de El Boalo se puso en marcha un programa de atención domiciliaria a personas mayores por parte de una oficina de farmacia, algo que "invade" las competencias de los profesionales médicos y enfermeros de Atención Primaria. "El ayuntamiento pagaba a la farmacéutica 35 euros por usuario que visitaba las casas y ésta le cobraba además entre dos y seis euros por el servicio. Una asistencia que es función de las enfermeras de AP y que, incluso, llega a vulnerar la ley de protección de datos", ha señalado.
PIDEN NO DESTINAR FONDOS PÚBLICOS PARA LOS FARMACÉUTICOS
Del mismo modo se ha pronunciado la representante de la Junta directiva de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), Esther Nieto, quien ha recordado que una visita domiciliaria es más que garantizar la adherencia al medicamento, algo para lo que sí están capacitados los farmacéuticos, pero no para atender la vulnerabilidad, aspecto fundamental en estas visitas y del que se ocupan los profesionales de Enfermería.
Por todo ello, las organizaciones han solicitado a la administración fortalecer la Atención Primaria y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos, u otros trabajadores "empleados por ellos" a través de unos establecimientos privados como las oficinas de farmacia, realicen actividades sanitarias que ya hacen médicos y enfermeros en el ámbito público.
"Las oficinas de farmacia, por el hecho de estar en la comunidad y ser un recurso comunitario, no pueden ser consideradas farmacias comunitarias ya que dicha consideración precisa, entre otras cuestiones, de unas competencias y conocimientos que no adquieren los farmacéuticos en su titulación, pero sí otros profesionales como médicos y enfermeros, tanto en sus estudios de grado como de postgrado y especialización", han destacado en el manifiesto.
Ahora bien, pese a todo ello, las asociaciones firmantes, entre las que se encuentra también el sindicato de Enfermería (SATSE) de Madrid, han asegurado que sus reivindicaciones no suponen una "guerra" contra los farmacéuticos, profesionales que merecen "todo" su "respeto y consideración" porque desarrollan una labor "fundamental" en el ámbito de la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.
"No es una guerra contra ellos. Lo que nosotros decimos 'no' es a este anteproyecto y no descartamos sentarnos para debatir una futura ley de farmacia, pero nosotros también queremos una ley de Enfermería. La solución que planteamos a todo esto es que no se debata en la Asamblea de Madrid el anteproyecto y que se potencie la Atención primaria", ha detallado la secretaria general de Satse Madrid, Teresa Galindo.
Además de la ADSP, SATSE, CODEM y SEMAP, han firmado el manifiesto el Consejo General de Enfermería, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), FACUA Madrid, la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), la Asociación de Enfermería Comunitaria y la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE).
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