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Alianza por la Solidaridad denuncia un aumento del acoso y criminalización a líderes indígenas en América Latina

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 8 de agosto de 2018, 12:19 h (CET)
Alianza por la Solidaridad denuncia un aumento del acoso y criminalización a líderes indígenas en América Latina
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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Alianza por la Solidaridad denuncia un aumento de "la persecución, acoso, criminalización y muerte" a líderes y lideresas indígenas de Centroamérica y Colombia, exigen leyes que promuevan inversiones empresariales responsables con los recursos naturales y piden al Gobierno medidas "urgentes" para que las empresas españolas "dejen de vulnerar los Derechos Humanos en países en desarrollo", con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este jueves 9 de agosto.

En el caso de Colombia, desde la firma de los acuerdos de paz a finales de 2016 ya son 65 los líderes indígenas que han perdido la vida en varias regiones del país, según los últimos datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Detrás de estos crímenes se encuentran, según señala la ONG, "grupos ilegales que impunemente llegan a las comunidades indígenas para asentar sus actividades ilícitas, en un contexto de desprotección por parte de las autoridades".

"Los líderes indígenas que se enfrentan a su presencia, en defensa de sus tierra y sus recursos naturales, son perseguidos y asesinados, sin que lleguen a esclarecerse los casos", denuncia. En Colombia coexisten 102 pueblos indígenas, de los que 64 se encuentra en riesgo de extinción física y cultural.

En el caso de países como Guatemala también aumenta el acoso a las lideresas y líderes que, en este caso, defienden los bienes naturales frente a la llegada de inversores empresariales, quienes "apoyados desde estamentos oficiales, afectan directa y negativamente los derechos de los pueblos indígenas".

Entre enero y julio, han sido asesinados 13 personas defensoras de derechos humanos en el país centroamericano y ha habido 135 casos de agresiones y 76 de criminalización, según datos de la organización UDEFEGUA. De este total, 32 agresiones han sido contra mujeres líderes.

La organización pone el ejemplo de la empresa Ecoener-Hidralia, "cuyo proyecto de construir una presa en el río indígena Cambalán provocó graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamientos de los líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades".

Aunque el proyecto fue desestimado a finales de 2016, tras la campaña de Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, con más de 20.000 firmas de apoyo, la ONG asegura que "las heridas en las comunidades indígenas continúan". Por ello, recuerda con un documental en el Día de los Pueblos Indígenas que "la mejor manera de acabar con los conflictos es prevenirlos".

Además, la organización recuerda la situación del líder q'eqchi' Bernardo Caal Xol, encarcelado desde enero en una prisión en Cobán, "en infames condiciones", tras haber denunciado a dos hidroeléctricas (OXEC y Renace) que han colapsado el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz. La campaña de la ONG TieRRRa, para promover las inversiones responsables, continúa recogiendo firmas para exigir su puesta en libertad.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DDHH
Ante esta situación, Alianza Internacional pide apoyo a "la elaboración de un tratado jurídico internacional, la revisión de la política de apoyo a la internacionalización de la empresas y la puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos, con un incremento de las partidas presupuestarias a ello a través de la AECID".

Estas medidas, según recuerda, ya se recogen en la Proposición no de Ley sobre la responsabilidad de las empresas españolas transnacionales respecto a los derechos humanos y medioambientales, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de este año y aprobada el 26 de junio. Alianza por la Solidaridad insta al Gobierno a llevarlas a cabo "de la manera más urgente posible".

Además, pide a la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que tome "medidas urgentes para que las empresas españolas dejen de vulnerar los Derechos Humanos en países en desarrollo". Hace un año, se firmó el Plan de Acción Nacional Derechos Humanos y Empresas y consideran que es el momento "de dotarlo de medidas encaminadas a que sea efectivo".

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