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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Más de una veintena de organizaciones europeas de pesca y ecologistas han pedido formalmente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que investigue ante la sospecha de fraude en la pesca eléctrica de Holanda.
Las 25 organizaciones, de Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Lonxanet de España denuncian que Holanda incumple los requisitos comunitarios en materia de transparencia en lo que a publicación de datos financieros proporcionados al sector pesquero y aseguran que "existen pruebas" de la concesión indebida de "importantes cantidades de ayudas públicas" a buques eléctricos e institutos de investigación neerlandeses.
Por ello, cuestionan la legalidad de estas transferencias financieras porque la pesca eléctrica ha aumentado "exponencialmente" bajo la falsa apariencia de "investigación científica", que no se lleva a cabo.
Además, recuerda que los reglamentos de la UE que permiten la concesión de ayudas públicas estipulan que la concesión de dinero público "no puede conllevar un aumento del esfuerzo pesquero", algo que sucede con la pesca eléctrica.
Igualmente, aseguran que el acervo comunitario también exige que si se producen actividades pesqueras durante la investigación científica, el valor de las capturas se devolverá a las autoridades públicas para evitar que dicha investigación se utilice para generar beneficios indebidos.
La pesca eléctrica fue prohibida en Europa en 1998, igual que otros métodos de pesca, como la pesca con explosivos o veneno y únicamente se autorizó a través de una propuesta arbitraria de la Comisión Europea adoptada en 2006 en la que se contemplaba una exención para la eléctrica en un régimen de excepción que contravenía los argumentos científicos explicitos recibidos por la Comisión.
Las ONG exponen que desde la adopción de esta cuestionable decisión, que únicamente beneficiaba al sector pesquero de arrastre de vara neerlandés que estaba al borde de la quiebra, la pesca eléctrica se ha desarrollado alcanzando una magnitud comercial en Países Bajos, yendo mucho más allá de lo que establece el marco normativo.
En 2007 Países Bajos obtuvo 22 licencias para realizar actividades pesqueras con electricidad, lo que incumplía el umbral legal de un máximo del 5 por ciento de licencias en función del tamaño de la flota de arrastre de vara.
En 2010 y 2014 se concedieron 62 excepciones a Países Bajos para actividades de "investigación científica" y "proyectos piloto científicos".
"Estamos ante un caso de fraude flagrante, y pedimos a la OLAF que lo investigue con la mayor celeridad posible, habida cuenta del actual contexto político de las negociaciones en el seno de la UE, en las que se decidirá el futuro de la pesca eléctrica", reclaman las ONG.
Por otro lado, recuerda que los reglamentos de la UE que establecen el marco para las transferencias financieras de fondos públicos al sector pesquero comunitario exigen que "las operaciones que aumenten la capacidad pesquera de un buque o el equipo que mejore la capacidad de un buque para encontrar peces" y que las operaciones "que aumenten el esfuerzo pesquero" no se deben financiar. Sin embargo, la pesca eléctrica es más eficaz para capturar la especie deseada, por lo que queda claro que los buques de pesca neerlandeses no podían recibir fondos estructurales de la UE.
En este contexto, consideran que el caso que denuncian a la OLAF incluye varios aspectos de comportamiento "fraudulento" que tienen un impacto significativo en el presupuesto comunitario. "Los contribuyentes europeos no deberían verse obligados a contribuir a la destrucción del océano de y puestos de trabajo", insisten.
Finalmente, las ONG firmantes instan a los legisladores de la UE a aplicar la posición del Parlamento de la UE "sin demora" y a adoptar una "prohibición total y definitiva" de un método de pesca destructivo para el medio ambiente y la sociedad.
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