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El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) considera "imprescindible" que se introduzca una enmienda al Código Penal para que los médicos de la sanidad privada cuenten con la misma protección ante las agresiones que los de la pública. "Que todos los médicos, en el ejercicio de sus funciones asistenciales, e independientemente del centro donde realicen su labor facultativa, sean considerados autoridad pública por el ejercicio de sus funciones", reclama. Se suma así a la petición defendida por el abogado Ricardo de Lorenzo, socio-director en De Lorenzo Abogados, y Jesús Aguirre, senador del Partido Popular, para que se eliminen las actuales diferencias de protección a los médicos. La Fundación IDIS fundamenta su petición en que "la Ley Orgánica 1/2015, con fecha 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, con fecha 23 de noviembre, del Código Penal, refleja de manera explícita que se consideran actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, pero haciéndolo aplicable sólo a los médicos que trabajan en la sanidad pública". Por ello, defiende que "no contemplar a los facultativos de la sanidad privada supone un claro perjuicio para los profesionales que trabajan en ella (262.525 profesionales de manera directa -un 65% trabaja en el ámbito extrahospitalario y un 35% el ámbito hospitalario-, 57.873 de ellos médicos), los cuales realizan las mismas funciones y presentan idéntica formación y capacitación, tanto legal como colegial, para el desarrollo de su trabajo", citando datos del informe 'Análisis de la situación: Aportando Valor 2018'. La Fundación IDIS recuerda asimismo la reforma del Código Penal que se realizó hace tres años, "para considerar como autoridad pública tanto al médico de la sanidad pública como al de la privada, que en muchos casos ejercen en ambos ámbitos". Y recueda que, según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médico Colegial (OMC) del año 2017, ha habido 515 casos de agresiones a médicos de nuestro país, lo que supone un aumento del 4% con respecto al año anterior.
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