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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de Aragón que resuelve las discrepancias sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016 y se evita así la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha administración autonómica.
En un comunicado, el Ministerio para las Administraciones Territoriales liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la firma de este acuerdo entre el Ejecutivo central y el autonómico, en el marco de la Comisión bilateral de Cooperación creada entre Aragón y el Estado.
Con esta resolución, explica el Ministerio, se evita la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional ya que la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a "interpretar los artículos controvertidos conforme a la legislación básica estatal".
DISCREPANCIAS RESUELTAS
De esta forma, se resuelven las discrepancias en torno a dichoS artículos el --20.5 y 29.2-- que plantearon dudas de inconstitucionalidad al referirse a la homologación de las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas fundaciones y consorcios con las retribuciones de los altos cargos y personal equivalente de la Comunidad Autónoma, "omitiendo el requisito de que en ningún caso la homologación pueda suponer un incremento de la masa salarial global".
Según el Gobierno, "esta omisión es contraria" a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento superior al 1 por 100.
Así pues, el Ministerio insiste en que "el establecimiento de techos salariales se encuentra dentro de las competencias estatales" que persiguen la consecución de la estabilidad económica, en el ámbito de la dirección y orientación de la política económica, tal y como ha reiterado en diversas sentencias el Tribunal Constitucional.
En este sentido, destaca también una sentencia del Constitucional que señala que la coordinación de la Hacienda estatal exige a las comunidades autónomas la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado a fin de alcanzar la estabilidad económica.
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