En vistas a las elecciones presidenciales de octubre, los diferentes partidos políticos comenzaron a tejer alianzas o, al menos, eso intentan. En algunos casos, pareciera que está todo dicho, pero son los menos. La mayoría no se muestra consolidado y los acercamientos entre los diferentes actores no parecen basarse en criterios en común o afinidad sino en la mera intención de sumar votos, sin considerar los efectos que luego pudiera tener la disparidad de pensamientos.

Bárbara Rey / Corresponsal en Argentina

Ricardo Alfonsín, hijo del fallecido ex presidente de la Nación Raúl Alfonsín, iba a competir en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical con el senador Ernesto Sanz y con el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Finalmente, Sanz decidió no participar y, días después, el vicepresidente comunicó lo mismo, proclamando de esta manera a Alfonsín como candidato de ese partido.

Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional por el movimiento Proyecto Sur fue invitado por el elegido del radicalismo para armar una alianza, pero su respuesta fue negativa. Al menos por ahora.

Por su parte, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista lanzaron el “Frente de izquierda” y presentaron un proyecto con 10 puntos para “cambiar el país”. Y, por otro lado, el rabino Sergio Bergman lanzó su candidatura a jefe de Gobierno porteño, alegando que se decidió “por la gente” y no “por un cargo”.

Un día más tarde, el ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde se bajó de las elecciones internas del Partido Justicialista Federal que se iban a realizar en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca ya que el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, pedía que se vote en las capitales y no en el interior de las provincias, lo que le jugaría en contra al ex presidente.

Para cerrar la semana, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Reforma Política mediante la cual pueden establecerse acuerdos de boletas de diferentes categorías con otras agrupaciones políticas para las elecciones generales. La decisión fue criticada por sectores de la oposición y del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que aseguran que quedarían en desventaja frente a los partidos que, a partir de la nueva Ley, se sumen a la candidatura oficial.

Además, desde que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, implementó cambios en el cuerpo de la Policía Federal, como quitar agentes de los edificios públicos para que salieran a cuidar las calles, las críticas de parte de medios opositores como del Gobierno porteño no tardaron en llegar, culpándola de cuanto delito se produjera en la Ciudad de Buenos Aires y describiéndola como “zona liberada”.

Un tema que parecía olvidado en la sociedad reapareció de la mano de la Confederación General del Trabajo (CGT) al pedir que se frene el traspaso de los afiliados de las obras sociales sindicales a las empresas de medicina prepaga. Aunque esta propuesta permitiría tener acceso cobertura médica sin costos adicionales, como hoy en día, en la Cámara de Diputados están posponiendo su tratamiento desde hace varios días.

Si hay un común denominador en esta situación, ese es el pueblo argentino y, como si fuera un detalle al que casi nadie presta atención, único damnificado.