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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Internacional

La guerra de clases encubierta de 2010

E. J. Dionne
E. J. Dionne
viernes, 15 de octubre de 2010, 06:41 h (CET)
WASHINGTON -- Las elecciones de 2010 se están convirtiendo en una guerra de clases. Los ricos y los poderosos la iniciaron.

Es un avance raro. El Presidente Obama, después de todo, ha venido trabajando por salvar el capitalismo. Wall Street va bien y los ricos vuelven a enriquecerse. La ley de reforma financiera aprobada por el Congreso era moderada, no radical.

Aun así, corporaciones y particulares acomodados destinan decenas de millones de dólares a anuncios de ataque dirigidos casi exclusivamente contra Demócratas. Uno de los jugadores políticos más relevantes, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, acepta dinero de fuentes ajenas.

La Cámara insiste religiosamente en que ninguna parte de los fondos va a sus campañas de anuncios. Pero sin la obligación de facilitar información pública, no hay forma de saber si eso es cierto o simplemente se trata de un truco contable. Y la Cámara es sólo uno de los muchos colectivos involucrados en el ajetreo de gasto electoral.

Esta extraordinaria situación fue precipitada por el escandaloso fallo del Supremo en el caso de Citizens United, que se llevó por delante décadas de límites al gasto corporativo para influenciar elecciones. El éxito de los Republicanos a la hora de bloquear la legislación que por lo menos habría obligado a los que más gastan a dar a conocer las fuentes de su dinero significa que los votantes van a tener que moverse a ciegas.

La "lógica" detrás de Citizens United es que el gasto de terceros no puede corromper de forma probable. La mayoría simple de magistrados afirmaba que "esta sala concluye que el gasto independiente, incluyendo el de las corporaciones, no alienta la corrupción ni la aparición de la corrupción. Que los portavoces pueden tener influencia sobre o acceso a funcionarios electos no significa que esos funcionarios sean corruptos. Y la aparición de influencias o el acceso no va a hacer que el electorado pierda la fe en esta democracia".

Usted decide lo que resulta más sorprendente de esta declaración, su inocencia o su arrogancia.

Si una parte del debate puede inundar el sistema político de fondos clandestinos, que es lo que está sucediendo ahora, ¿queda alguna duda de cuál es la parte en cuestión que compra influencias? Si eso no es corrupción, ¿qué es exactamente?

¿Y cómo cinco magistrados, que dicen no ser políticos, se saltan lo que los propios funcionarios públicos hace tiempo decidieron en la materia y dicen saber lo que hará o no que "el electorado pierda la fe en esta democracia"? ¿Puede algo socavar la confianza en el sistema más que las donaciones secretas a grupos fachada que gastan fondos en anuncios desagradables?

La buena noticia es que la guerra de clases está arrojando cierta claridad a la política. También es otra prueba del radicalismo de la actual variante de conservadurismo. Esto, a su vez, está obligando a los Demócratas a defender una propuesta a la que han sido leales desde los tiempos de Franklin Roosevelt pero que con demasiada frecuencia son demasiado tímidos para anunciar: que el gobierno tiene un papel legítimo y necesario a la hora de redactar reglamentos económicos para proteger de abusos a los particulares.

Es por tanto a la vez entretenido y educativo contemplar a los candidatos Republicanos al Senado en Connecticut, Virginia Occidental, Alaska y Kentucky bregando con el impacto de sus difamaciones de las leyes de salario mínimo.

Académicos conservadores han advertido contra el salario mínimo desde que Roosevelt proclamó la Ley de Estándares Laborales Justos de 1938 "quizá del programa más ambicioso, el programa más visionario para beneficio de los obreros adoptado hasta la fecha aquí o en cualquier otro país".

Estos críticos nunca han ganado fuerza porque la mayoría piensa que es de recibo que aquellos que trabajan para ganarse la vida sean tratados con un mínimo de respeto. Muchos votantes que expresaron su escepticismo con el gobierno en abstracto son partidarios sin embargo de leyes que dan una posibilidad de lucha a los particulares en posiciones débiles de negociación dentro del mercado.

La batalla del salario mínimo subraya la diferencia entre el conservadurismo de estilo 2010 y el conservadurismo de Dwight Eisenhower y hasta de Ronald Reagan. La derecha de 2010 imagina realmente un retorno a los tiempos anteriores al New Deal y el Square Deal de Teddy Roosevelt, los tiempos embriagadores antes de que hubiera leyes de salarios y jornadas, inquietudes medioambientales y concentración económica.

El país no necesita esta guerra de clases, y en cualquier caso es irracional. Prácticamente nadie, y Obama el que menos, cuestiona las premisas del sistema de mercado o propone algo más allá de regulaciones económicas algo más estrictas -- tras la mayor sacudida financiera desde la Gran Depresión -- y subidas fiscales a las rentas más altas bastante modestas.

Pero hasta estas medidas son aparentemente demasiado para aquellos que financian todos los anuncios de televisión, lo que debería llevar a los votantes a plantearse: ¿Quién está pagando todo esto? ¿Qué quieren realmente? ¿Y quién les dio el derecho a comprarse unas elecciones?

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