Declarar la condición de vulnerable económico en la sociedad española sigue un proceso formal en el que interviene directamente la burocracia local, limitándose a cumplir con la normativa establecida por la inteligencia mandante. Con lo que en la práctica resulta que se le atribuyen nuevas competencias, se crea empleo en su ámbito laboral, aumenta el poder del sector y se demoran o eternizan los procedimientos judiciales.

De acuerdo con el último Insolvency Forecast difundido por Crédito y Caución, que analiza la evolución de las insolvencias en 29 mercados, los niveles medios sobrepasaron los prepandémicos en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, la dispersión de esta circunstancia es muy amplia entre los diferentes mercados del mundo. Algunos países muestran niveles muy superiores a 2019 mientras otros todavía están en proceso de ajuste.

No todo el mundo sabe que las condiciones de concesión de un préstamo dependen en gran medida del estudio previo de solvencia y morosidad, realizado previamente por la entidad financiera. Esto quiere decir que, a mayor solvencia, más bajos serán los tipos de interés o los puntos diferenciales adicionados al euríbor.

Con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado contasen con instrumentos legales para mantener su actividad y el empleo durante la pandemia, los diferentes Estados de Europa han impulsado desde 2020 moratorias concursales que en la práctica han supuesto la suspensión del normal funcionamiento de la legislación que rige la insolvencia empresarial.

Según un estudio, el 34% de las empresas españolas, dos puntos más que en primavera, gestiona de forma deficiente su riesgo de crédito, ya que no utiliza criterios de solvencia a la hora de seleccionar nuevos clientes. Esta falta de análisis es una carencia estructural en términos de protección del tejido empresarial frente a los efectos de la morosidad, pero el ratio actual está cinco puntos por encima del 29% que marcaba en los años más severos de la crisis.

A pesar de la profunda recesión provocada por la pandemia del Covid-19, en 2020 no se produjo el previsible aumento de las insolvencias globales. A nivel mundial, el número de quiebras se redujo un 14% en 2020, con sensibles caídas en algunas de las economías europeas de mayor tamaño como España (-14%), Alemania (-17%), Francia (-40%) o Reino Unido (-27%). Turquía e Irlanda fueron los dos únicos países de nuestro entorno en los que las quiebras aumentaron en 2020. En Turquía, las empresas se enfrentaron a condiciones de financiación más estrictas y a un apoyo gubernamental limitado. En Irlanda, el aumento apenas alcanzó el 1%.