Nos han dicho que el precio de la luz se dispara porque el precio del gas está por las nubes y también porque las centrales que contaminan tienen que comprar bonos de CO2 que igualmente están muy caros. Ambas cosas son ciertas, pero no son las verdaderas razones de la escandalosa subida del precio que estamos pagando.

Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

El gobierno acaba de aprobar un decreto con nuevas medidas encaminadas a tratar de reducir el precio de la luz y la respuesta de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico no se ha hecho esperar. Puesto que se puede encontrar su descripción y análisis detallado en otro lugar de este diario, evito comentarlas una a una y me limitaré a señalar los aspectos más generales que a mi juicio hay que tener en cuenta para valorar su pertinencia y posibles efectos.

Dos viviendas con letra F y G, equipadas con aparatos de calefacción y agua caliente eléctricos, han incrementado un 40% los costes energéticos anuales comparados con las tarifas anteriores a junio de 2021. El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) demanda campañas de sensibilización dirigidas al ciudadano para motivar una mayor cultura rehabilitadora y de mantenimiento que permita reducir los costes de la energía.

Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas.

La tarifa eléctrica no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que no responde a los costes que soportan las empresas.

Pedro Sánchez es un personaje que empieza a no tener calificativos, pero no porque no existan sino porque todos los que se usan contra él son del género descalificativo. ¿Acaso alguien piensa que le abuchea la ciudadanía en la calle por casualidad allí donde acude? Hasta sus seguidores empiezan a estar avergonzados de sus mentiras y de su nula credibilidad, además de su desvergonzada chulería de salón.

En ocasiones conviene recordar a los políticos que sean consecuentes con sus propias opiniones, que tengan a bien recordar alguna de las etapas de su vida y lo que decían entonces, para evitarles la vergüenza de que sean las hemerotecas las que les saquen los colores a la cara cuando, en ellas, se demuestra la doble vara de medir cuando se juzgaron hechos de otras personas que ocupaban el poder.

Además de participar en sus subastas unas 25 empresas comercializadoras privadas españolas que controlan este ‘tinglado’ y que nos cobran el temido recibo de la luz, también participan en tales subastas varias empresas extranjeras de distintos países con diversos porcentajes (entre el 10 % y el 20 %) y cuyos beneficios no se quedan en España sino que se van fuera.

Hacer la colada o poner el lavavajillas por la noche o el fin de semana (70%) son el principal cambio en los hábitos de la población para ahorrar en esta factura. Un 56% de los encuestados afirma que ha notado una subida en el precio, siendo una de las más caras que han pagado. Este miércoles está previsto alcanzar un nuevo hito, llegando a un máximo de 110,64 euros/MWh en el mercado mayorista, lo que supone un nuevo récord histórico.