Santiago Benítez Montero nació en Gran Canaria. Estudió Filosofía en un absurdo intento de hallar respuestas, pues asegura que lo único que encontró fueron más preguntas. Con 23 años y por absoluta casualidad entró a trabajar en la ONG Nómadas, para la que ha dedicado sus esfuerzos durante 13 años. Su profesión le ha hecho viajar por numerosas zonas en conflicto del planeta, en las que ha visto lo mejor y lo peor del ser humano. Divide su tiempo entre Canarias, Marsella y Londres. En su columna 'El arte de la guerra', que se publica todos los miércoles y domingos, trata temas de interés político y de actualidad desde una perspectiva humana y progresista.
Timothy Garton Ash, como siempre tan acertado, ha descrito en su último artículo el problema que supone no saber con exactitud cual es la definición de quién es el enemigo en un mundo aprestado a defenderse. Y tiene su importancia, porque, en el caso del terrorismo yihadista, si ese enemigo no está bien definido se corre el peligro de que inocentes sean metidos en el mismo saco que los terroristas, o que los Estados aprovechen esa falta de definición para deshacerse de personas determinadas y organizaciones incómodas aprovechando esa abstracción legal. La Unión Europea (UE), y las democracias que la forman, tienen el mismo problema para definir a los enemigos de la Democracia que pululan dentro de sus fronteras. Es sencillo hacerlo con los grupos neonazis, facistas, racistas y xenófobos, y las organizaciones políticas que les dan cobertura. El problema aparece cuando se intenta definir a esos mismos descerebrados que dicen estar en el polo ideológico opuesto - aunque yo no lo veo así, no creo que, ideológicamente, estén tan separados, bajo mi punto de vista son el mismo perro, con diferente collar-.
Existe una premisa que es insoslayable para un demócrata; dentro de la Democracia cualquier punto de vista es defendible, incluso el cambio de sistema, ya sea hacia el fascismo, o hacia la anarquía, siempre y cuando esa defensa se haga dentro de los parámetros de respeto por las ideas contrarias, y dentro del juego democrático. La defensa de cualquier punto de vista mediante la violencia, o la apología de la violencia, convierte a quien la hace en enemigo de todos los demócratas. Da igual que la violencia, o la apología de la violencia sea ejercida por alguien que dice ser de extrema derecha, de extrema izquierda o nazionalista radical. Eso no es relevante.
Muy pocos Estados de Derecho tienen tan claro en su ordenamiento jurídico cual es la definición de terrorismo como el español. Y lo ha demostrado con la sentencia a los responsables del 11M, dando una lección magistral de como se ha de comportar un Estado de Derecho que respeta escrupulósamente las leyes que imperan en su ordenamiento jurídico. Es más, se podrá estar o no de acuerdo con la sentencia, pero nadie, en justicia, podrá decir que no se haya dictado con las leyes en la mano, respetando los derechos de los acusados y el dolor de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, nuestro Estado de Derecho tiene problemas para incluir, a través de la Ley de Partidos; que tan bien define que partidos políticos pueden llegar a representar a los ciudadanos en las urnas y cuales no; quienes son los enemigos de nuestra Democracia, y quienes no.
Pilar Rahola decía una gran verdad el otro día: "Existe un gran problema dentro de nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Democracia, cuando unos caricaturistas terminan delante del juez por hacer su trabajo, que es hacernos reír a todos, y resulta que los grupos de extrema derecha y extrema izquierda, amparados por organizaciones y partidos políticos, campan por sus respetos en las calles de nuestro país, atacando a ciudadanos y a las fuerzas de seguridad del Estado, destruyendo mobiliario público, escaparates y coches, sin que seamos capaces de ilegalizarlos y hacer caer sobre ellos el peso de la ley". Es muy cierto que la Ley de Partidos no es ambigua, y deja muy claro que los partidos políticos que amparan a los violentos, aquellas organizaciones que hacen apología de la violencia, ya sea antisistema o racista, deben ser ilegalizados y sus actos punibles. Y aquí quiero que quede claro esa definición legal de terrorismo a la que antes aludía. Cuando hablamos de violentos organizados y armados, que agreden a personas y atacan a las fuerzas de seguridad del Estado, estamos hablando de terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico no hace distinción entre etarras, antisistema, o neonazis. Y si no hace esa distinción ya es hora de que se actúe en consecuencia.
La Democracia no se puede permitir el lujo de dejar pasar la violencia, o la apología de la violencia por el origen que tenga. Y aquí tengo que hacer una pregunta a los legisladores y las fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Cómo es posible que un neonazi como David Duke, reconocido representante del Ku Klux Klan y la supremacía blanca pueda estar en nuestro país ejerciendo como tal, e incluso anunciando una conferencia? o, lo que es peor, ¿Cómo es posible que se permita un acto racista como esa conferencia, anunciado por parte de una librería española? Es inevitable que haga una analogía al respecto, ¿Qué habría ocurrido si una librería española hubiera hecho lo mismo, anunciando una conferencia y firma de libros por parte de Josu Ternera?
Timothy Garton tiene razón, aunque aquí no adolecemos de falta de definición sobre quien es el enemigo de la Democracia, si que adolecemos de falta de acción y reacción ante sus actos. Y eso debe cambiar.
Ilegalización y persecución legal de grupos violentos, organizaciones y partidos políticos que les dan cobertura, ¡Ya!
Suena de fondo "In the name of Democracy", de Sassy Lady.
