Me ha venido a la mente la famosa frase que pronunció “Rick” (Humphrey Bogart) cuando empujó a “Elsa” (Ingrid Bergman) a subir al avión, en un viaje que les separaría para siempre. Pertenece a la famosísima película “Casablanca” que dirigió Michael Curtiz en 1942. Para salvar a Elsa y a su marido, Victor Laszlo (Paul Henreid), líder de la resistencia francesa contra los nazis, obligó a la mujer, con la que había tenido un romántico encuentro en la capital francesa tomada por los alemanes, a subir al avión. En el momento de dramático adiós, “Rick” pronunció la despedida más sublime jamás dicha en la historia del cine: “Siempre nos quedará París”.

Hoy en la Unión Romaní, hemos recibido una Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional como consecuencia del recurso que en su día presentamos contra la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que nos reclamaba la devolución de 25.065,65 euros que, según los vigilantes funcionarios encargados de controlar las justificaciones de gastos entregadas por las ONG de acción social, no había sido correcta.

Desde la Unión Romani, solidarios con las asociaciones de acción social que deben emplear una cantidad de tiempo enorme en luchar contra los investigadores del ministerio, espoleados por políticos de corazón endurecido, incapaces de ver más allá de lo que dicen algunas “Normas de Justificación”, pusimos nuestra esperanza en que el poder independiente que supone en un Estado de Derecho el Poder Judicial, sentenciara quién llevaba razón: si ellos, empecinados en no ver más allá que la literalidad de algunas discutibles disposiciones, o nosotros que tan solo reclamamos que el principio de justicia y equidad fueran los que sirvieran para enjuiciar nuestros actos. Lo que nos lleva a formular unas sencillas consideraciones previas.

El uso del dinero público debe ser rigurosamente controlado.

Es de sentido común. El dinero del que dispone la clase política no les pertenece. Ellos son administradores de lo que aportamos el resto de los españoles mediante el pago de nuestros impuestos. Es por lo tanto evidente que todos queramos que se haga un buen uso de esos recursos exigiendo responsabilidades a quienes malgasten o prevariquen con un bien tan escaso como duro de obtener.

Pero “rigurosamente controlado” no quiere decir “ciegamente controlado” porque esto último conduce al tratamiento injusto y discriminatorio que condena a personas y organizaciones beneméritas a pasar por el aro del capricho del Ministro de Hacienda, del Secretario de Estado del ramo o de los responsables de la Secretaría de Estado de Igualdad que ven en las ONG una especie de órgano corrupto en cuya naturaleza está la predisposición genética a obrar delincuencialmente quedándose con lo que no le pertenece.

Sabemos que algunas grandes ONG han hecho mucho daño al voluntariado civil que entrega su tiempo y sus conocimientos a ayudar a los que más lo necesitan. Tengo ante mi vista una relación de organizaciones que utilizando el reclamo de “ayudar a los más pobres” han cometido todo tipo de fechorías. Por citar tan solo a una, “OXFAM” cuyo nombre ha ocupado portadas de los grandes periódicos y entradas de nuestros telediarios, de la que se dice que su director general cobra 140.000 euros al año.

Pero es evidente que no son estas grandes organizaciones las que son objeto de nuestro interés. La Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) en su estudio del Tercer Sector de Acción Social nos descubre que hay en España 29.000 entidades que trabajan con una antigüedad media superior a los 20 años, suponiendo un peso en la economía del 1,5 del P.I.B. Poniendo de manifiesto que el personal voluntario se contabiliza en casi un millón y medio de personas, siendo el número de atenciones directas que se realizan anualmente superior los 53 millones.

Y yo sigo preguntándome insistentemente, ¿Ha sido el gobierno del P.P. consciente del trato que hemos recibido del anterior Ministerio de Hacienda y de sus altos funcionarios destinados al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a la hora de valorar el trabajo realizado por ese millón y medio de voluntarios cuando nos han sometido a controles arbitrarios, absurdos e injustos como, por ejemplo, decir que yo, que jamás he cobrado ni un euro de las subvenciones públicas, no soy voluntario de la ONG que presido porque mi nombre no figura en la lista de voluntarios que obra en poder del Ministerio. O que hemos de devolver un montón de dinero porque “no vale” que entreguemos a los alumnos de uno de nuestros cursos en Sevilla un billete de autobús válido para una semana. Hemos de dar a cada muchacho un billete de ida y vuelta cada día. Y de nada nos sirvió manifestar que comprar un billete cada día costaba más del doble que un billete válido para toda la semana. Como hablar con la pared. ¡Devuelva el dinero!

Llevado por la indignación y la rabia, el año pasado le dije al Gobierno: “Lo que el Ministerio de Hacienda está haciendo con las ONG de Acción Social no tiene nombre. Nos vapulea con normas y “Manuales de Instrucciones” donde se nos obliga a cumplir algunos requisitos que claman al cielo por arbitrarios e injustificados. Hace interpretaciones de sus propias normas que siempre nos quitan la razón, aunque nuestros argumentos para discrepar sean tan evidentes que los vería hasta un ciego. Para el ministro Montoro y sus edecanes las ONG de Acción Social deben ser un nido de delincuentes en potencia a los que hay que vigilar muy de cerca no sea cosa que sus dirigentes se hagan millonarios quedándose el dinero que se les concede para atender a los marginados, a los discapacitados, a la infancia, a los ancianos, a los enfermos, en definitiva, a aquellos a los que los poderes públicos no atienden como Dios manda y que, sin embargo, encuentran un camino de esperanza entre nosotros”.

Pero siempre nos quedará la Audiencia Nacional

Hoy redacto estas líneas con alegría porque nuestra protesta ha sido entendida y favorablemente sentenciada por la Audiencia Nacional. Me muero de ganas por transcribir aquí el nombre de la Sra. Presidenta de la Sala y los de los tres magistrados y una magistrada que constituían el tribunal. Pero creo que no debo hacerlo por respeto a ellos mismos y al resto de los integrantes de tan alta institución judicial. Llevado de la alegría me tengo que reprimir para no gritar ¡Viva Montesquieu!

A ver, a ver qué hacen los que ahora nos gobiernan. Tenemos un gobierno donde hay más mujeres que hombres, y no sé dónde he leído que los investigadores de la Universidad de Rice (EE.UU.) han descubierto que en los regímenes autocráticos el comportamiento corrupto de los hombres y las mujeres que ejercen el poder es prácticamente el mismo. Sin embargo, en países democráticos había diferencias notables. Por las razones que sean las mujeres se comportan mejor.

Pues bien, hoy los ministerios de los que más dependemos están regidos por mujeres. La de Hacienda (crucemos los dedos) es una mujer y la de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es otra mujer. Y la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia es una mujer y la Secretaria de Estado de Servicios Sociales es también es otra mujer.

Ojalá que con ellas no tengamos que recordar a los protagonistas de Casablanca.