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MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclamó este jueves al Gobierno que, ante la posible compra del Sabadell por el BBVA, “vele” tanto por una “verdadera competencia” en el ámbito financiero como por los consumidores “más vulnerables” con el fin de “evitar el sesgo de la exclusión financiera”.
Así lo demandó en un comunicado en el que precisó que, si la desaparición del Banco Sabadell se hace efectiva, por los planes de absorción del BBVA, “se crearía un gigante bancario español más eficiente y solvente”, si bien advirtió de que esta fusión “supondría otro paso más en la concentración bancaria”, lo que, a su juicio, “afectaría de lleno a la competencia” y se traduciría “sin lugar a dudas” en “menos opciones” para los clientes, y en “menores intereses en los productos de ahorro, mayores comisiones y productos menos innovadores”.
“El problema de la competencia no reside tanto en la eventual desaparición de un competidor del panorama bancario español, sino en las trabas que por un lado existen para la entrada de nuevos competidores en el ámbito de los servicios financieros que quieran ofrecer sus servicios en España, y por otro, en las trabas que se encuentran los residentes españoles cuando tratan de contratar productos financieros de otros países de la Unión Europea”, abundó.
En este sentido, subrayó que se trata de un “veto” a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea en la que las administraciones tanto nacionales como europeas “debieran tomar cartas lo antes posible para favorecer una libre competencia real”.
Junto a ello, puntualizó que, al mismo tiempo, la reestructuración de entidades financieras conlleva el “más que probable cierre de sucursales y cajeros automáticos”, lo que, según su punto de vista, “lamentablemente favorece la desigualdad en el acceso a servicios bancarios”, cuestión que afecta “en mayor medida a los usuarios más vulnerables a los que les queda inaccesible la banca digital”.
Por todo ello, exigió al Ejecutivo central que, por un lado “tome las medidas necesarias” para “favorecer” la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea, “no solo enfocadas estas desde el punto de vista de las grandes instituciones sino desde el punto de vista de los usuarios de los servicios bancarios y de inversión” y, por otro lado, que se “preocupe de velar por el acceso a los servicios bancarios de los colectivos más vulnerables”.
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