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MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró este jueves que la “tarea” que España tiene por delante “no es solo profundizar y avanzar” en nuestro Estado del Bienestar, sino que es “reconstruirlo” para que pueda “abordar” las “emergencias y desafíos” que, a su juicio, “definen nuestro siglo”.
Así lo defendió en el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y en la que subrayó que el mundo “atraviesa un momento muy difícil y muy duro” debido a “múltiples” crisis que se “superponen” y “hacen que vivamos tiempos de incertidumbre, en los que es muy difícil proyectar un horizonte de estabilidad para nuestras democracias”.
En este contexto, ante una “sensación de incertidumbre, cuando no de angustia por la imprevisibilidad de los tiempos que vivimos”, que, a su entender, “es la principal fuente de inestabilidad para nuestras democracias y el principal riesgo que tenemos por delante”, defendió que la “obligación” de los poderes públicos y de las democracias es “ofrecer certidumbre” y “conformar bases materiales sólidas para que la vida pueda desarrollarse no solo en condiciones de libertad de igualdad, sino también de tranquilidad y de certezas”.
Tras insistir en la urgencia de “reconstruir” el Estado del bienestar, consideró que esto requiere “una combinación de audacia y de honestidad”. “De audacia, porque hay que emprender grandes transformaciones para lograr ese objetivo y honestidad, porque implica reconocer que el punto del que partimos implica gravísimas dificultades, gravísimos problemas, gravísimos retos democráticos que no podemos sino abordar”, agregó, en referencia a la pobreza, la desigualdad y la precariedad.
A este respecto, puso en valor los “amplísimos consensos” existentes en la sociedad y que evidencian que en la misma “se comparte en lo esencial lo que son los pilares de un Estado social que redistribuya la riqueza y que garantice derechos universales de ciudadanía”, si bien estimó que “solo podremos desarrollar una política social a la altura de los desafíos que enfrentamos a partir de una cooperación estrecha con las comunidades autónomas”.
POLARIZACIÓN, DIVISIÓN Y CRISPACIÓN
“Incluso en tiempos de polarización, división o de crispación de la vida pública, debemos ser capaces de saber identificar cuáles son las cuestiones que deben estar por encima de esa confrontación cortoplacista, del juego político o de intereses de corto plazo para establecer líneas estratégicas y horizontes compartidos que redunden en la salvaguarda y la protección de los derechos de la ciudadanía”.
En este sentido, el ministro trató de “explicar en qué medidas aterrizan estos valores” y, en materia de dependencia, hizo hincapié en que, durante la legislatura pasada, la financiación “aumentó un 154%”, un “esfuerzo” presupuestario, según su criterio, “de una magnitud inédita, que fue absolutamente necesario para poder colmar las lagunas y los vacíos heredados de la década anterior”.
“Pero es un aumento que debe servir para mucho más que para colmar ese vacío y para compensar esos recortes”, agregó, para indicar que ese aumento de la financiación con la que el Gobierno “mantiene un compromiso firme y decidido” para que a final de esta legislatura la contribución de la Administración General del Estado pueda alcanzar el 50% y defendió que “debe servir para generar un cambio integral en nuestro modelo de cuidados de larga duración”.
En este punto, señaló que dicho cambio debe estar “apoyado en tres pilares”, el primero de los cuales es este “esfuerzo de financiación extraordinaria” y el segundo está relacionado con “cambio del paradigma del modelo, del horizonte de nuestro modelo de cuidados”. “Creo que esto es una conclusión amplísimamente compartida por todo aquel que conozca el funcionamiento de nuestro sistema de dependencia”, afirmó, convencido de que, tras la “trágica vivencia de la pandemia” se “constató la necesidad de que la administración se implique en un esfuerzo no solo para mejorarlo sino para transformarlo en profundidad”.
ESTRATEGIA DE CUIDADOS, EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
En este sentido dijo “esperar y confiar” en que, “en las próximas semanas”, pueda presentar la Estrategia de cuidados de larga duración y de desinstitucionalización que, según su punto de vista, “debe aportar ese horizonte para la transformación de un modelo que debe pasar a tener como centro gravitacional los deseos, las preferencias y las necesidades de los usuarios del sistema” y superar la idea de que “invertir más en dependencia automáticamente corresponde a construir más residencias y residencias más grandes”.
Tras defender que se trata de un proceso de “transición que llevará tiempo”, reiteró que “próximamente” su gabinete arrancará con el proceso de reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia con el “objetivo principal” de “adaptarlas” a los nuevos mandatos del artículo 49 de la Constitución y, “por tanto, de poder desarrollar los principios de plena autonomía, accesibilidad y derecho también al envejecimiento en condiciones de bienestar universal”.
Por último, la “tercera pata” de esa transformación del modelo de cuidados tiene que ver, a su parecer, con la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de cuidados, para lo que reclamó un “acuerdo de país”, consciente de que trabajan “no solo por unos sueldos inaceptables”, sino en unas condiciones y en una “ausencia de valorización y valoración social del todo inaceptable”, al entender que la suya es una labor “sin la cual esta sociedad no se tendría en pie”, por lo que anunció su intención “retomar” la Mesa de Diálogo Social del sector para elaborar una estrategia para mejorar dichas condiciones sociolaborales.
Junto a ello, también se refirió a la urgencia de “dar respuesta” a las necesidades y demandas de las personas enfermas de ELA y otras enfermedades neurodegenerativas y esperó que, “lo antes posible”, pueda “ver la luz” la ley que lo hará posible.
“Creo que esta es otra materia en la que, de manera ejemplar, un consenso social se abre paso como un consenso político encaminado a poder generar nuevos derechos y condiciones de bienestar más amplias para quienes más lo necesitan”, sentenció, para afirmar que, desde que asumió su cargo, ha “intentado avanzar en todos los ámbitos que ha sido posible en este sentido” y recordó que España “va a ser pionero en la Unión Europea” gracias a la construcción, en Cáceres y Oviedo, de los dos primeros centros públicos “específicamente diseñados para atender las necesidades de las personas enfermas de ELA y de sus familiares”.
A su vez, explicó que, en la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia tratará de “incorporar gran parte de las demandas” del colectivo realizadas “desde hace años” y asumió que es “una tarea urgente que también debe ser abordada con el mayor consenso posible”.
Durante su intervención también hizo mención a la reforma del IMV, consciente de que resulta “fundamental garantizar un sistema de prestaciones mínimas que pueda alcanzar todo su potencial”, para lo cual reivindicó la necesidad de emprender una “revisión” de esta medida para “racionalizar y simplificar sus requisitos de acceso” y aseveró que la labor del Ejecutivo y el Legislativo “debe ser estar a la altura de ese consenso para lograr erradicar la exclusión social en España”.
En paralelo, admitió que “otra de las prioridades” que “enfrenta” su ministerio “a partir del diálogo con las comunidades autónomas” es “retomar” el trabajo sobre la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y el disfrute de los servicios sociales, cuyo objetivo, dijo, “es establecer el carácter de los servicios sociales como servicios públicos esenciales para nuestro Estado del bienestar” y “articularlos” de modo que puedan “garantizar la igualdad de los usuarios independientemente de su lugar de residencia” en el marco de un contexto de “extraordinario aumento de la financiación” por parte de la Administración General del Estado para “superar la herencia de los recortes heredados de las políticas de austeridad desde la década de 2010 y para poder solventar gradualmente el problema crónico de infrafinanciación que han tenido los servicios sociales en nuestro país”.
CONSUMO
En último lugar, en materia de Consumo, hizo referencia a la aprobación de la futura Ley de Servicios de Atención a la clientela, al entender que “es una tarea urgente e importante” por las “enormes garantías adicionales” que ofrecerá a la “protección” de los derechos de los consumidores y expresó su “aspiración” a que, “con la mayor celeridad posible y el mayor consenso político posible pueda ver pronto la luz”.
Asimismo, mencionó la Guía de comunicación sostenible lanzada recientemente por su departamento y que, a su juicio, debe servir para “aportar” a los actores económicos y a las empresas españolas “información y orientación suficiente” para poder “identificar y evitar” las conocidas como prácticas de ‘greenwashing’ o de blanqueamiento ecológico y que, a su juicio, será “el primer paso” para el desarrollo de una Ley de Consumo Sostenible.
Finalmente, recordó que su gabinete también ha “reforzado” su capacidad de inspección y sanción para “velar por la preservación de los derechos de las personas consumidoras” en relación con la actividad de los influencers o las empresas inmobiliarias.
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