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MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El Grupo Popular en el Senado hizo prosperar este lunes con su mayoría en la Cámara Alta una enmienda para que el Estado bonifique la cuota de la Seguridad Social de las prácticas de estudiantes de FP y de enseñanzas artísticas superiores en las empresas, para que no se “desincentive” la colaboración del tejido productivo.
Así lo indicó a Servimedia el portavoz de Educación del Grupo Popular, Joaquín Camacho, tras la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes que dictaminó el Proyecto de Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, por 26 votos a favor y 3 en contra (Grupos Popular, Socialista y Mixto, en el primer bloque, y los votos negativos de independentistas y nacionalistas del PNV, Junts y Esquerra).
El senador presumió de los acuerdos que su grupo ha alcanzado con el resto de los grupos en el trámite de la iniciativa en el Senado, como el Plural, Izquierda Confederal, Mixto y PSOE, enumeró, y dijo haber propiciado “un debate de verdad” sin centrarse “en la crispación y la división” y tratando de “aportar desde la diversidad ideológica”.
En este punto puso de ejemplo que se incorporaron enmiendas para considerar enseñanzas artísticas a las artes circenses o la cinematografía, así como mejorar la participación de los estudiantes en la toma de decisiones “sobre la línea académica del centro”; la colaboración institucional “entre todas las administraciones competentes” y que en las zonas poco pobladas se aprovechen las enseñanzas superiores como “palanca de cambio demográfico”.
DISCAPACIDAD
Según avanzó el senador a Servimedia, espera que el texto llegue a pleno en el Senado la próxima semana, desde donde volvería a remitirse al Congreso para su aprobación definitiva.
Precisamente, de cara a su debate a pleno, durante la comisión quedó viva la enmienda 99 de Esquerra Republicana de Catalunya que podría incorporarse en la Cámara Alta. La enmienda aborda el acceso de las personas con discapacidad a estas enseñanzas y dotar a los centros de personal especializado y materiales adaptados.
Asimismo, puede leerse que “los centros podrán contar con un departamento de orientación y atención a la diversidad”. Los proponentes justificaron esta enmienda en la necesidad de “dotar a los centros de los recursos necesarios para las eventuales adaptaciones que necesite el alumnado con discapacidad, teniendo en cuenta que se refiere al cumplimiento de leyes y normas de carácter básico sobre los derechos de este colectivo”.
Durante el trascurso de la comisión, el Grupo Socialista afeó a los ‘populares’ que su “objetivo” sea “tirar por tierra todo lo que hace el Gobierno”, ya que de 147 enmiendas se han admitido 24 en el Senado, cuando en el Congreso fueron admitidas “más de la mitad” de las que sólo quedaron vivas 12.
Así lo argumentó la parlamentaria socialista Patricia Bueno Campanario, que aunque aplaudió que se aceptasen modificaciones, lamentó “el afán de la extrema derecha de Vox” de eliminar el lenguaje inclusivo y las administraciones autonómicas y pidió al Grupo Popular que “no siga el juego a Vox” contra cuestiones sobre igualdad, calidad de las enseñanzas y el sostenimiento de los centros concertados, no sólo de los públicos, y apueste por la “defensa de la igualdad y la justicia social”.
En su turno, el senador Camacho, insistió en el “ambiente de confianza y diálogo” del trámite del proyecto en el Senado y recordó al ministro Bolaños que esa cámara “también son Cortes Generales”. Subrayó que el Grupo Popular defiende “la educación pública y de calidad” y que “no le sigue el juego a ningún otro grupo” sino “los principios constitucionales”. “Defender la igualdad entre todos los españoles no debería suscitar tanta controversia”, prosiguió, pues desde su perspectiva, “el respeto al castellano conviviendo con otras lenguas cooficiales debería ser el camino, no ir a la política de frentes”.
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