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MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El plazo medio de pago del sector privado aumentó tres días en 2023, hasta los 70 días de media, mientras que el del sector público se redujo en 12 días, hasta situarse en una media de 55 días, situándose en ambos casos 10 y 15 días respectivamente por encima de los plazos legales.
Así se pone de manifiesto en el ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023’, elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y presentado este jueves. En el sector privado, para el 59% de los encuestados el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas, aquellas que tienen una facturación superior a 50 millones de euros.
Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal: el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
El análisis de la PMcM también constanta que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media. Al margen de la encuesta, la PMcM denunció que ha tenido constancia de que varios de sus asociados han recibido contratos en los que el medio de pago es un ‘confirming’ a 240 días en obras en las que operan como subcontratistas. “Claramente algunas grandes compañías quieren financiarse a costa de sus proveedores y eso es intolerable”, indicó el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
SECTOR PÚBLICO
En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Regional, abarcando un 32% de los encuestados, y la tercera, la Administración Central (15%). Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 81% de los proveedores de la Administración Regional, y para el 78% de los proveedores tanto de la Local como de la Central.
La PMcM indicó que han constatado una reducción de los plazos de pago de las administraciones públicas, pero criticó que los resultados de su muestra “distan mucho” de los permitidos por la ley. Al contrario que en 2023, la PMcM cree que durante el presente año la situación “pueda empeorar porque se reducen las aportaciones a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos, al estar destinándose parte del dinero a las telefónicas”.
La organización ha venido denunciando que la cadena de pagos en el sector público está “mal controlada” y esto permite que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas, en su mayoría pymes y autónomos.
Además, de acuerdo con el informe de la PMcM, el 83% de los participantes en la encuesta de la PMcM que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 euros, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago.
RECLAMACIÓN
Según el informe, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 93% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la PMcM, “esto evidencia la falta de eficacia de una ley que no penalice su infracción". En este sentido, para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.
Considerando los resultados obtenidos del análisis llevado a cabo por la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2023 en el 5,1%, ligeramente superior al 5% de 2022.
Asimismo, un 74% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2024 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 73% declara que sería pedir financiación, y un 17% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
REGLAMENTO EUROPEO
Para Cañete, la llegada del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad marcará “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”.
En su perspectiva, establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago “mejorará sin lugar a duda la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas”. El próximo martes 23 de abril, en su último plenario, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar esta normativa, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación).
Después del Parlamento Europeo, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea. Hasta su aprobación definitiva, la PMcM continuará “vigilante” para evitar que las presiones de los lobbies empresariales consigan frenar la tramitación del reglamento, del que se beneficiarán en toda Europa “millones de empresas, especialmente autónomos y pymes, que son los que más sufren la lacra de la morosidad”.
Paralelamente, la entidad seguirá trabajando para asegurar su participación en el Consejo Estatal de la Pyme y en el Observatorio de la Morosidad, instando a la implementación de este último organismo, “ante la necesidad imperiosa de abordar el problema de la morosidad en nuestro país, ya que nuestros plazos de pago están entre los más largos de la Unión Europea”.
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