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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso Telefónica contra el real decreto que aprobó el Gobierno en 2018 que le prorrogó su condición de operador encargado de la prestación del servicio de cabinas públicas de teléfono.
La Sala de lo Contencioso ha dictado una sentencia, con fecha de 24 de junio y a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que declara “nula por no ser conforme a Derecho” la disposición adicional segunda del Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre.
Con esa disposición, el Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2019 la designación de Telefónica de España como operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal de telecomunicaciones relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.
La compañía que preside José María Álvarez-Pallete alegó que se ha vulnerado la ley al no hacerse la designación a través de un mecanismo de licitación pública y no se le permitió hacer alegaciones.
Según la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Bandrés, “se confunden la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Sala de instancia cuando hacen derivar la prestación de los servicios necesarios para la explotación de teléfonos públicos de pago en el dominio público de manera directa e ilimitada del servicio universal de telecomunicaciones”.
“Dichas prestaciones desde luego son exigencias a las que quedan obligados los operadores encargados del servicio universal, pero sólo hasta que se cubre la oferta suficiente en los términos previstos por la Ley y reglamento citados supra. Más allá de dicha oferta suficiente, la instalación y servicios necesarios para la explotación de un teléfono público de pago en el dominio público necesitará de la contratación de tales prestaciones por los cauces ordinarios de relación entre operadores habilitados y cualquier otro tipo de empresa que solicita servicio telefónico para su uso público”
También conviene el Supremo en que “se ha prescindido absolutamente del procedimiento de licitación pública establecido en dicha disposición legal para designar al operador encargado de garantizar la prestación de dicho servicio”.
Telefónica ha tenido que hacerse cargo por imposición del Ejecutivo en los últimos años de la prestación de este servicio, toda vez que ningún operador está interesado en ello, debido a la escasa demanda ciudadana de estas cabinas y el conseguimiento coste que su mantenimiento acarrea.
La Comisión de Mercados y la Competencia (CNMC) también ha venido demandando en reiteradas ocasiones en los últimos tiempos para que se dejara de considerar servicio universal estas dependencias, a la luz de su paulatino declive social.
La decisión que ha tomado el Gobierno es prorrogar la adjudicación a Telefónica a la espera de que el Parlamento Europeo inste a los Estados miembros a la supresión de esta prestación como servicio universal.
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