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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados ha mostrado su apoyo a la convalidación del real decreto ley que recoge la subida salarial de los funcionarios para 2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de enero, y que establece un incremento mínimo del 2% .
En la defensa del real decreto, que contó con el apoyo de todas las formaciones a excepción de Vox, CUP y BNG que optaron por abstenerse, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, destacó que esta medida fue una de las primeras adoptadas por el Ejecutivo, que respondió al compromiso de hacerlo “a la mayor brevedad posible”.
A este respecto, destacó que con este decreto el Gobierno cumple con los acuerdos de la Mesa de Negociación de la Función Pública, en este caso un acuerdo suscrito por el anterior Gobierno del PP en 2018.
Además, defendió la necesidad de utilizar la figura del real decreto ley para que la subida pueda ser efectiva desde el 1 de enero pese a no contar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Lo que hace el Gobierno es cumplir el acuerdo por la vía que establece el ordenamiento jurídico”, señaló.
Por otro lado, Darias quiso “reivindicar la importancia que tiene la voluntad de servicio público de todas las administraciones y de los empleados públicos”, que según valoró, “tienen la responsabilidad de asegurar la cohesión de la sociedad y especialmente en momentos de dificultad”.
En esta línea, lamentó que en ocasiones los trabajadores públicos tengan que “luchar contra estereotipos injustos” y concluyó que esa subida salarial Supone “un reconocimiento a la labor indispensable que hacen y además es una reparación”, ya que según recordó, durante la crisis tuvieron sus salarios congelados.
Entre las formaciones que se decantan por abstenerse, la portavoz de Vox, Macarena Olona, explicó la postura de su partido, señalando que su formación considera que “no cumple adecuadamente con nuestros servidores públicos” a los que “se les exigió un esfuerzo extraordinario en 2011 como “consecuencia de la desastrosa gestión económica del Gobierno de Zapatero”. “Es hora de cumplir con nuestros servidores públicos porque ellos cumplieron con España”, apostilló.
En el caso de la CUP y el BNG, sus portavoces Alberto Botran y Néstor Rego explicaron su abstención ante esta medida por aplicarse la subida a la escuela concertada y a los altos funcionarios.
Por su parte, entre los grupos de la oposición que apoyaron el decreto, según explicó la portavoz Llanos de Luna el PP se ha decantado por votar a favor de este decreto por ser “una alternativa técnica a la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos” y porque cumple con el acuerdo que firmó en marzo de 2018 el Gobierno del PP.
Por su parte, en nombre de Ciudadanos, Pablo Cambronero justificó su apoyo al considerar que “es una cuestión de justicia” y destacó que se trata de una medida que “hemos perseguido durante mucho tiempo”. Asimismo, recordó que procede de un acuerdo suscrito por un Gobierno apoyado por la formación naranja.
Dicha subida, que beneficiará a alrededor de 2,5 millones de empleados públicos, fue pactada con los principales sindicatos de la función pública (CSIF, UGT y CCOO) en un acuerdo de marzo de 2018, firmado con carácter plurianual que establecía un aumento fijo del 2% y otro variable ligado al crecimiento del PIB en 2019.
En concreto, para un crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5% la subida variable sería de un 1% adicional, mientras que en caso de que el PIB de 2019 creciera un 2,4% la subida sería del 0,8%, en caso de crecer un 2,3% sería del 0,6%, de aumentar un 2,2% sería del 0,4% y de crecer un 2,1% sería del 0,2%. El pasado viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantó su previsión de crecimiento del PIB de 2019, del 2%, por lo que, de cumplirse, los empleados públicos no se beneficiarían de la parte variable de la subida.
Por otro lado, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
El coste estimado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para esta subida salarial a los funcionarios es de 3.212 millones de euros de aplicarse sólo la parte fija, mientras que, en caso de que las distintas administraciones aprobasen la subida adicional del 0,3% el coste total alcanzaría los 3.264 millones y llegaría a los 4.575 millones en caso de aplicarse la subida variable máxima ligada al PIB del 1%, para una subida total del 3,3%.
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