Varias ONG piden que España impida la financiación de “armas prohibidas”
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miércoles, 4 de mayo de 2011, 14:41 h (CET)
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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La fabricación de bombas de racimo y minas antipersona está prohibida en España, cuyos bancos sin embargo pueden conceder créditos o intercambiar acciones para que las empresas que producen estas y otras armas comprometidas sigan su labor.
Así lo denunció este miércoles la responsable de finanzas éticas de Setem, Annie Yumi Joh, durante el lanzamiento en España de la campaña Banca Limpia, que tiene por objetivo evitar la financiación de aquellas compañías que fabriquen “armamento prohibido en los tratados internacionales".
En rueda de prensa, Yumi Joh reiteró que la prensa ya ha manifestado que ocho bancos españoles participaron en la financiación de la venta de bombas de racimo a Gadafi, y agregó que un total de 14 han invertido casi 2.000 millones de euros en empresas acusadas de producir armas prohibidas, según el informe presentado hoy por su ONG.
Setem cuenta “con el apoyo de otras 300 organizaciones que trabajan en el ámbito de la banca ética a nivel internacional”, señaló, y recordó que estas armas “causan miles de muertes todos los años en el mundo”, a manos de los gobiernos y de grupos terroristas.
De acuerdo con Jordi Calvo, de la Coalición Internacional contra las Bombas de Racimo, “los gobiernos pagan el armamento a muy largo plazo, por lo que el apoyo financiero resulta imprescindible para que estas empresas puedan fabricar”.
Como ejemplos puso a Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Nueva Zelanda, que ya han aprobado distintas legislaciones contra la financiación de armas prohibidas en convenios internacionales como las bombas de racimo, las minas antipersona y las armas biológicas y nucleares.
Ahora bien, hay muy distintas formas de apoyo financiero (concesión de créditos, compra de acciones, emisión de bonos, etc.), prosiguió Calvo, para quien Nueva Zelanda es quien tiene la norma más avanzada, puesto que especifica los distintos supuestos de inversión.
En Italia, Alemania, Noruega, Suiza y España existen iniciativas parlamentarias en este sentido, señaló Calvo, quien se refirió a una proposición de ley de CiU en este sentido.
Según explicó, esta propuesta supondría modificar la legislación contra las minas antipersona para incluir el tratado de Oslo, que prohíbe las bombas de racimo y que España firmó a finales de 2008.
También quieren que el texto incluya en su redacción final (aún no se ha votado) la prohibición de que España participe en operaciones militares donde otros países socios empleen este tipo de armamento, agregó.
Yumi Joh declaró que la campaña busca "concienciar a la población española, difundir datos y convencer a los gobiernos”.
Asimismo, se busca impulsar la transparencia del sistema y que “los ciudadanos expresen sus quejas y reclamen ante sus bancos por este motivo”, concluyó.
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