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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la ley que penaliza el acoso en las clínicas de aborto, aprobada en 2022 y avalada este miércoles por el Tribunal Constitucional (TC), es "intimidatoria y protectora del negocio abortista" y "muestra de una mentalidad promuerte".
"Esta ley pienso que es más que nada intimidatoria y protectora del negocio abortista, muestra de una mentalidad promuerte que actúa como una apisonadora que no permite a nadie ni siquiera discrepar, pero creo que si se llega a un juicio, no podrá demostrar ningún tipo de violencia porque no la hay, sino todo lo contrario, hay un respeto y cariño profundo no solo hacia ese hijo no nacido, sino hacia la madre que la mayoría de las veces va sola, agobiada y sin la información a la que tiene derecho", ha asegurado.
También denuncia que "es una inversión completa de valores considerar que es un derecho quitarle la vida a un ser humano no nacido y un delito ofrecer información y ayuda". En este sentido, ha recalcado que las personas que van a la puerta de los centros de aborto "ni acosan ni son violentas" y ha subrayado que su ayuda es "efectiva", se salvan "muchas vidas" y que se libra a las mujeres de "un daño profundo a todos los niveles".
"Desgraciadamente la composición actual del Tribunal Constitucional, con varios de sus miembros recusados en la sentencia de la ley del aborto, hace esperar cualquier cosa", ha añadido.
Por su parte, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno "lo que pretende es coartar la asistencia a mujeres embarazadas con dificultades para que su única salida sea el aborto"
"Si verdaderamente se produjese un acoso, éste ya está penalizado en el Código Penal, pero no es la actividad que el Gobierno busca condenar. Lo que pretende es coartar la asistencia a mujeres embarazadas con dificultades para que su única salida sea el aborto", ha precisado.
En esta línea, ha añadido que las personas que acuden a los centros de abortos a ofrecer apoyo a las mujeres embarazadas, "lo hacen ante la falta de ayudas públicas a la maternidad por parte de las administraciones públicas, amparadas por la libertad de expresión".
INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UNA LEY DE APOYO A LA MATERNIDAD
Asimismo, ha instado al Ejecutivo a que impulse una ley de apoyo a la maternidad, con ayudas "reales y efectivas" a madres sin recursos, "si no quiere que haya ONG's en las puertas de centros de abortos".
"No hay nada más progresista que ayudar a una mujer en una situación vulnerable o de desamparo social, como es el caso de las mujeres embarazadas con dificultades económicas", ha concluido.
Por otro lado, la organización 40 días por la Vida ha explicado en declaraciones a Europa Press que, a pesar de no haber analizado en profundidad la sentencia, pueden afirmar que la reforma del Código Penal no les afecta, puesto que la actividad que este movimiento realiza "se limita a la oración y la presencia pacífica frente a los abortorios". "Ni la oración ni nuestra presencia se pueden calificar penalmente como acoso", ha subrayado.
Al adoptar el TC la decisión de avalar la ley, la mayoría progresista del tribunal ha rechazado el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de haber intentado frenarla en sede parlamentaria y tras presentar --sin éxito-- enmiendas para que el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas especializadas en aborto no se castigue con penas de prisión.
Fue en febrero de 2022 cuando el Congreso aprobó --con los votos en contra de PP y Vox-- la ley orgánica con la que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año los "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres".
La ley penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Además, el texto establece que los tribunales podrán imponer a su vez la prohibición de acudir a determinados lugares por periodos de seis meses a tres años, punto que también ha sido respaldado por el Pleno de la corte de garantías.
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