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El PP y Ciudadanos votan en contra criticando que se excluya a la escuela concertada y la educación especial de las ayudas
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, creado en el Congreso en el marco de la Comisión de Reconstrucción tras el Covid19, ha aprobado este miércoles el documento de conclusiones sobre medidas sociales con los votos a favor de los partidos que sustentan el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, y con el único apoyo de ERC.
El documento ha podido salir adelante frente a los votos en contra del PP, el PNV, Ciudadanos y Junts per Catalunya (JxCat): También ha influido la abstención de EH Bildu y a la ausencia en la votación de los representantes del Grupo Mixto, así como la incomparecencia de Vox, que hace dos semanas ya decidió abandonar esta comisión.
La portavoz del PP en este grupo, Rosa Romero, ha explicado que su rechazo al documento se debe a que no se incluyen sus peticiones de vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las políticas activas de empleo, que se garantice el 0,7 al Tercer Sector tal cual está o la creación de un Pacto por la conciliacion familiar y laboral. Durante la votación sólo se ha aceptados una de las enmiendas 'populares' sobre la puesta en marcha de un plan de apoyo a las mujeres emprendedoras.
Además, considera que el documento base de PSOE y Unidas Podemos es "un ataque a la libertad de elección de la educación de los padres", así como un "ataque a la concertada y a los centros de educación especial".
También Ciudadanos alega para votar en contra de las conclusiones que socialistas y morados no incluyan a estos modelos de enseñanza en las ayudas públicas. La portavoz naranja en esta comisión, Sara Giménez, ha "lamentado" que las negociaciones en materia de Educación estén empañando el resto de medidas sociales que sí cuentan con un apoyo mayoritario. Giménez ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de "sectarismo ideológico" y les pide que se identifiquen "con la realidad de todas las familias".
NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS DEFIENDEN SUS COMPETENCIAS
"El debate que hay que introducir es el de la igualdad de oportunidades para todos, el ser inclusivos y dejar de estigmatizar a las familias con esta materia", ha señalado.
La intervención de Giménez fue rechazada por la portavoz de Mas País, la diputada de Equo Inés Sabanés, que ha calificado las palabras de la naranja de "alegato profundamente ideológico" y la ha afeado que acuse a los demás partidos de "usar la ideología" en esta materia. En este sentido, ha defendido la apuesta de su formación por la "equidad" en la educación y ha apuntado que en el país existe "un problema" de "discriminación" del alumnado por "condiciones socioeconómicas".
Los nacionalistas vascos, por su parte, han criticado también el documento aprobado porque, a su juicio, centraliza muchas de las competencias de las autonomías y, especialmente, algunas que el País Vasco tiene en exclusiva. Su portavoz en esta materia, Iñigo Barandiaran, ha calificado el documento como "decepcionante". También su homólogo de BNG, Néstor Rego ha criticado la invasión de competencias que algunas medidas suponían.
Al representante de Junts, Sergi Miquel, no le ha gustado que PSOE y Unidas Podemos no hayan tenido en cuenta la diferencia entre territorios en sus medidas y obliguen a poner en marcha en toda España iniciativas que en autonomías, como Cataluña, ya están instauradas o se han puesto en marcha otras diferentes "que tienen éxito" y no quieren cambiarlas.
PODRÁ SER MODIFICADO
Desde Bildu, no han criticado el contenido de las propuestas del Gobierno, pero sí han visto carencias, especialmente relacionadas con el "colectivo de mayores y de jóvenes". Además, apuestan por "definir con más claridad" la feminización de la pobreza vista durante la pandemia o mantener la suspensión de pago de hipoteca o plantearse la suspensión de pagos de facturas esenciales, al menos, asta finales de año.
En la votación no ha habido ningún representante del Grupo Mixto, aunque durante el debate han intervenido el portavoces de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha defendido la necesidad de poner en marcha medidas relacionadas la despoblación y el ámbito rural.
A pesar de la votación de este miércoles, el documento aprobado aún puede ser modificado, puesto que las conclusiones van a ser debatidas el viernes en la Comisión de Reconstrucción y llevadas al Pleno de la Cámara baja durante el mes de julio.
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