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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Una coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos han presentado este miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo para promover la nulidad por el Tribunal Constitucional (TC) del 'Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones'.
Conocido por sus detractores como 'Decretazo Digital', fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la Unión Europea.
La coalición de organizaciones quiere que el Defensor del Pueblo recurra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, que establece que "el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
Carlos Sánchez Almeida, abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ha explicado en declaraciones a los medios que la iniciativa busca que el Defensor del Pueblo interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto.
Sánchez Almeida ha indicado que esta norma "atribuye al Gobierno la posibilidad de interceptar telecomunicaciones, de intervenir y gestionar directamente telecomunicaciones, lo que podría, llegado el caso, dar la facultad al Gobierno de provocar un apagón digital" si lo estima necesario ante determinadas situaciones de orden público.
Para las organizaciones firmantes, esta norma afecta a derechos fundamentales sin ajustarse a los requisitos que la Constitución impone para regular en esta materia.
El escrito de 28 páginas, presentado ante el Defensor del Pueblo, está firmado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), FACUA-Consumidores en acción y Críptica, entre otras organizaciones.
Además, se han sumado a esta iniciativa juristas expertos en derechos digitales como David Bravo, Sergio Carrasco, Samuel Parra o Carlos Sánchez Almeida; y constitucionalistas como Patricia García Majado (Universidad de Oviedo), Lorenzo Cotino (Universidad de Valencia) y Miguel Presno Linera (Universidad de Oviedo).
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