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Insiste en que no tenía capacidad de decisión en este sentido y que instauró mecanismos de control
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la empresa pública Infraestructures.cat Joan Lluís Quer ha insistido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que no tenía ninguna capacidad de decisión para adjudicar servicios públicos de ingeniería y que no se reunió con ninguna empresa para pactar ninguna oferta que pudiera resultar beneficiaria de concursos públicos.
Quer comparece de nuevo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, esta vez para dar explicaciones sobre adjudicaciones presuntamente irregulares por servicios de ingeniería y en concreto, por su relación con una de estas empresas, Aurin. Se tratan de unas diligencias derivadas de la causa relativa a la presunta financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC).
Hace dos semanas acudió a la Audiencia Nacional como investigado en este caso conocido como el 3%, en relación al presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública en la Generalitat que gobernaba Artur Mas. En esa ocasión afirmó que no conocía la dinámica de adjudicaciones y que no participaba en la mesa de contratación, como tampoco en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas, según informaron fuentes jurídicas.
Asimismo, incidió en que fue él quien promovió las medidas de transparencia en el departamento de infraestructuras y quien propició en 2011 la puesta en marcha de la OTA para que ejerciese controles previos.
Fuentes jurídicas han informado que la declaración que ha tenido lugar este martes ha ido encaminada en el mismo sentido, pues ha reiterado en que no tenía ni voz ni voto en esas adjudicaciones y ha negado haberse reunido con las empresas adjudicatarias para pactar las ofertas.
VENTA DE ACCIONES
Quer, que sólo ha contestado a las preguntas formuladas por su defensa, ha destacado que cuando accedió a la Presidencia de Infraestructures.cat --la mayor adjudicataria de obra pública de la Generalitat-- los técnicos de la Asesoría Jurídica le advirtieron que debía vender las acciones que tenía de Aurin, una de las empresas adjudicatarias. Al mismo tiempo, ha apuntado que esta operación le supuso la perdida de 300.000 euros y que aunque toda esta actividad fue declarada a la Hacienda Pública, se abrió una investigación.
Las diligencias se incoaron el año pasado a partir de la documentación intervenida en los registros de octubre de 2015 por la causa del 3% y, en concreto, el hallazgo de unos correos electrónicos que señalaba prácticas como el concierto de una serie de empresas para repartirse las adjudicaciones de contratos de este tipo de servicios a cargo de Infraestructures.cat.
Según un informe de la Guardia Civil, varias empresas privadas de ingeniería se presentaban a concursos de asesoría técnica, pactando previamente entre sí la cuantía de las ofertas que debían presentar para excluir aquellas empresas competidoras que pudieran aspirar a las adjudicaciones.
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