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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Unidos Podemos ha propuesto que las empresas que reciban ayudas para realizar inversiones en España permanezcan un mínimo de diez años, o si no deberán devolverlas y serán sancionadas. Únicamente podrán salvar esta sanción si esta deslocalización se produce a partir del quinto año tras la concesión y si las ayudas se han devuelto, intereses de devengo incluidos, sin requerimiento alguno.
Para ello, el grupo confederal ha registrado una proposición de ley, que no podrá prosperar ante la disolución anticipada de las Cortes Generales el próximo 5 de marzo, pero que según han explicado sus diputados, sirve como una primera medida dentro de su plan de política industrial.
La marcha de una empresa que hubiera recibido subvención en los primeros diez años de la concesión sería tipificada como una infracción muy grave en virtud de la Ley General de Subvenciones y la Ley del Sector Eléctrico, que podría llevar a la prohibición de contratar con la Administración durante una década.
"METER MANO A MULTINACIONALES E INDUSTRIAS"
Ana Marcello, diputada de Podemos, ha defendido la presentación de esta medida el "proceso de desmantelamiento continuo" al que se enfrenta la industria española, cuyo papel en la economía ha llamado a "repensar" a través de la SEPI, para que esta no solo entre en los procesos de deslocalización.
La portavoz industrial de su grupo, Yolanda Díaz (En Marea), ha criticado la ausencia de planificación en esta política, que a su juicio "se ha dejado al albur de las actividades productivas que cuadrasen". Por ello, ha celebrado que, con su iniciativa, se podrá "meter mano a las multinacionales y a las industrias, que no van a poder hacer lo que quieran".
"Ya está bien de ser los más tontos de Europa", ha espetado el diputado Rafa Mayoral, que ha defendido un nuevo marco normativo para "salir de la periferia" y "no depender solamente del turismo y de la reactivación del ladrillo".
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