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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Etiopía ha aprobado este jueves una ley que otorga a cerca de un millón de refugiados el derecho a trabajar en el país y vivir fuera de los campamentos de refugiados existentes en el país.
Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión local Fana, la votación se ha saldado con mayoría y sólo tres votos en contra y una abstención.
El organismo además ha aprobado un programa económico para dar oportunidades económicas tanto a los ciudadanos etíopes como a los refugiados para potenciar la economía del país y aumentar la calidad de vida de la población.
Etiopía acoge a más de 900.000 refugiados que han huido de la guerra y la sequía en la región, principalmente desde Sudán del Sur, Sudán, Somalia y Eritrea. La mayoría de ellos se encuentran en los cerca de 20 campamentos existentes y no tienen permitido trabajar.
La Administración para Asuntos de Refugiados y Retornados (ARRA) ha resaltado a través de su página oficial en la red social Facebook que "esta nueva ley mejorará las vidas de los refugiados y las comunidades de acogida".
La nueva legislación va en línea con el compromiso de Etiopía con el Pacto Mundial para las Migraciones, aprobado en diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas.
El pacto constituye el primer acuerdo global que busca gestionar los flujos migratorios, respetando la soberanía de los estados, y aprovechando los beneficios que la migración conlleva, además de proteger los derechos de quienes deciden emigrar hacia otros países.
El documento firmado en Marrakech se estructura en torno a 23 grandes objetivos entre los que figuran la cooperación para hacer frente a las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal, así como medidas contra la trata y el tráfico de personas, para evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.
Asimismo, los estados se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter "exclusivamente humanitario". También prometen garantizar un regreso "seguro y digno" a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un "riesgo real y previsible" de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.
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