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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Gobierno considera que la "situación de conflicto" que se estágenerando entre el taxi y el sector de vehículos de alquiler conconductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, "amenaza con tenerrepercusiones sobre los propios usuarios de los servicios".
Así lo indica el Ejecutivo en el Real Decreto-Ley aprobado estepasado viernes en Consejo de Ministros para blindar al taxi frente alos VTCs, en el que achaca el "conflicto" al "exponencial" crecimientode estas últimas empresa y su impacto sobre el gremio de taxistas.
"El exponencial incremento del número de licencias de VTC comienzaa afectar de manera inmediata y significativa a la otros modos detransporte, muy especialmente al taxi, un servicio de interés públicofuertemente regulado", indica el texto legal.
"Las consecuencias de este impacto no sólo están generando unasituación de conflicto entre los dos sectores, sino que amenazan contener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios",añade el Real Decreto-Ley que publica el Boletín Oficial del Estado(BOE) del sábado.
El Gobierno atribuye así a este "exponencial" aumento y susreferidas consecuencias el hecho de recurrir a un Real Decreto-Ley,reservado para supuestos de "extraordinaria y urgente necesidad".
No obstante, la medida se aprueba en vísperas de que el TribunalSupremo se pronuncie sobre la limitación de una licencia de VTC frentea treinta del taxi que el Gobierno aprobó por Real Decreto en 2015 yahora busca elevar a rango de ley.
El inminente fallo es consecuencia del recurso que la ComisiónNacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso contraentonces contra proporción al considerar que es una medida"injustificada", contraria a la competencia y que afecta a losusuarios.
De su lado, el Gobierno también indica en su Real Decreto Ley queel crecimiento de los VTC "no pudo ser inicialmente previsto por lasAdministraciones competentes".
De esta forma se refiere a las alrededor del 10.000 licencias deeste nuevo tipo de transporte que se calcula se autorizarán por víajudicial, fruto del vacío legal que el sector registró entre 2013,cuando el anterior Gobierno del PP volvió a regularlo tras laliberalización aprobada en 2009 por el entonces Ejecutivo del PSOE, yel año 2015, cuando efectivamente se fijó el ratio de uno por treinta.
Por ello, en la actualidad, el número de licencias de VTC en elconjunto del país multiplican por más de tres al que debería tener envirtud de la proporción una a treinta. En concreto, y según datos deFomento, existen 7.058 licencias de empresas como Uber frente a 64.217del taxi.
SEGURIDAD JURÍDICA Y ORDEN PÚBLICO.
"Se pretende así abordar la situación a que han dado lugar estascircunstancias adoptando medidas que garanticen de forma inmediata yhacia futuro la adecuada coordinación entre las normas de las dosmodalidades de transporte para evitar cualquier repercusión sobre losusuarios de los servicios y el orden público", argumenta el Gobiernoen el Real Decreto-Ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado(BOE) del sábado.
Asimismo, advierte de que en caso de "continuar aumentando sinlímite el número de autorizaciones de VTC, podrían peligrar laefectividad de las políticas locales destinadas a racionalizar laprestación de servicios de transporte en turismo en el ámbito urbano ymetropolitano".
Por ello, estima "urgente" dotar de "mayor seguridad jurídica a lasreglas aplicables a las VTC para garantizar el adecuado equilibrioentre la oferta de estos servicios y la del taxi".
Así, el Real Decreto-Ley establece que las comunidades autónomas,que son las que tienen la competencia para ello, podrán denegarautorizaciones a VTC cuando en su territorio se supere la referidaproporción de una por treinta.
Además, el texto, que debe ser convalidado en el Congreso, fijarátambién por ley que las empresa como Uber sólo puedan realizar el 20%de sus servicios de transporte fuera de la comunidad donde tienenlicencia.
Estas medidas se articulan cuatro meses después de que en diciembrede 2017 el Gobierno aprobara por Real Decreto, los últimos requisitosal sector, que el CNMC también recurrió ante el Supremo. Entoncesimpuso la prohibición de vender licencias VTC en los dos mesessiguientes a su consecución y la obligación de dar cuenta de todos susservicios en un registro público.
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