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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Las mujeres con discapacidad tienen "serias dificultades para litigar por la "multitud de obstáculos" y a sentencias judiciales que no respetan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así lo denuncia la Fundación CERMI Mujeres en un estudio que analiza sentencias firmes que tienen como sujeto activo o pasivo a una mujer o niña con discapacidad, dictadas entre 2008 y la actualidad, dado que el estudio ha tenido como columna vertebral la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de una investigación en la que ha trabajado un equipo con perfil jurídico y con conocimiento en materia de igualdad y del que es coautora la exdiputada socialista Laura Seara.
Esta experta en temas de discapacidad y género subraya que ha sido "muy difícil" encontrar sentencias para analizar, dado que las mujeres con discapacidad acceden muy poco a la justicia. "Litigan muy poco, en muchos casos, la propia incapacitación legal las deja fuera, y si actúan lo hacen a través de sus representantes legales o del Ministerio Fiscal".
Asimismo, sostiene que en los supuestos en los que no hay incapacitación legal, las mujeres con discapacidad "tampoco acceden en condiciones de igualdad" respecto a las mujeres sin discapacidad y a los hombres que sí tienen discapacidad.
"Todavía hay carencias respecto a la información sobre sus derechos o al respaldo familiar. Existen pocos medios económicos y faltan los apoyos y ajustes adecuados en los procedimientos", asevera Seara en una entrevista en la publicación 'Cermi.es'.
El informe revela que las barreras de acceso a la justicia se agudizan en el entorno rural y que las mujeres con discapacidad sufren en mayor medida las incapacitaciones jurídicas. Además, alerta de falta de medidas legales para acabar con las esterilizaciones y abortos forzosos.
La privación del derecho al voto por razón de discapacidad, e internamientos involuntarios son otros de los asuntos que afectan a las mujeres con discapacidad porque el ordenamiento jurídico español no ha hecho los cambios y ajustes legales tras la entrada en vigor de la Convención y esto, según la coautora del trabajo, "genera interpretaciones judiciales que vulneran este tratado internacional".
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