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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha acordado con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aumentar la aportación estatal del nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia a 5,6 euros de media por dependiente al mes.
En este encuentro, presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha pactado que los 'grandes dependientes' (grado III) reciban del Estado 190,13 euros, es decir, 12,27 euros más; los 'dependientes severos' (grado II), 84,49 euros, 1,65 euros más, y los 'moderados' (grado I), 47,38 euros, es decir, 3,05 euros más.
Este acuerdo se materializará en un nuevo decreto que determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Ley de Dependencia, que fue recortado por el Gobierno en julio de 2012. El contenido de este decreto se ha acordado previamente en la Comisión Delegada, integrada por técnicos de las comunidades autónomas y representantes del Ministerio de Sanidad.
En un borrador del Ministerio de Sanidad de septiembre se contemplaba una subida mayor a la que finalmente se ha alcanzado, pues de media la financiación estatal aumentaba en 10,4 euros por dependiente, casi el doble.
Por otro lado, el Pleno ha acordado la modificación de los criterios de acreditación con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales, con dos medidas fundamentales: eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia, ahora para todos) y establecer una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.
Las consejeras de Asuntos Sociales de Castilla y León y Asturias, Alicia García Rodríguez y Pilar Varela, respectivamente, han valorado esta decisión, que, a su juicio, da estabilidad y certidumbre a los trabajadores de la Dependencia. "Damos tranquilidad al sector porque hay mucho empleo femenino de personas que por circunstancias de la vida no tuvieron la cualificación profesional, pero que de esta forma tendrán la posibilidad de inscribirse y obtenerla", ha afirmado Varela.
También en relación a la Dependencia, se ha acordado una mejora de la atención que se presta a las personas con dependencia: añadir a los servicios de teleasistencia tradicionales elementos tecnológicos que van a permitir prestar una atención más completa a la persona, dentro y fuera de su domicilio, como por ejemplo detecciones de caídas, geolocalizaciones o servicios de telediagnóstico.
Otro de los asuntos aprobados que figuraban en el orden del día del Consejo Territorial de este jueves es el reparto de 24,6 millones de euros a comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para la realización de programas de protección de la familia y atención a la pobreza infantil consignados en los Presupuestos Generales del Estado.
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