La evolución del empleo y el paro en 2023 ha dejado más oscuros que claros. El hecho de que el 85% de los empleos se crearan entre enero y mayo es una prueba evidente de la desaceleración. Pero, hay más evidencias de que nuestro mercado laboral es un enfermo con respiración asistida cuando comprobamos que cuatro de cada diez, casi el 40% de los nuevos puestos de trabajo, lo fueron en el sector público y concretamente en sanidad y educación. El Gobierno nos vende la fortaleza laboral, la contratación indefinida como característica principal y por tanto la mejora en la temporalidad. Sin embargo, se han firmado menos contratos con relación a 2022, el descenso del paro ha sido muy bajo, la contratación indefinida cayó más de un 26% en diciembre con respecto a noviembre y además únicamente el 40,5% de los contratos indefinidos firmados fue a jornada completa. Del total de contratos firmados, 1,116 millones, más de 400.000 fueron indefinidos y el resto fueron temporales.

En los últimos días de 2023, la Comisión Europea logró el acuerdo de los 27 países para que las reglas fiscales levantadas con motivo de la pandemia del Covid volvieran a estar en vigor. Ciertamente, no son unas reglas muy duras en contraste con la manga ancha que se ha tenido en los últimos años con el gasto, la deuda y el déficit. España que, en esto como en tantas cosas, está en el pelotón de los torpes, tendrá que hacer ajustes, recortes algo más exigibles al superar el 90% de deuda pública sobre el PIB. En concreto, habrá que realizar un ajuste del 0,5% del PIB anual hasta que logren enderezar las cifras. Hay castigo, claro, pero veremos hasta que punto, porque Europa nos ha decepcionado en demasiadas ocasiones cuando no se han cumplido los compromisos adquiridos. De hecho, lo hemos visto con los fondos europeos. De lo poco que sabemos, deducimos que se ha dado un porcentaje escandaloso de dinero a organismos públicos y muy poco al tejido productivo.

El presidente del Gobierno se está reuniendo con grandes empresarios de este país para pedirles perdón. Lo cuenta "El Confidencial Digital" que añade que son reuniones que no aparecen en la agenda oficial de Pedro Sánchez. Una agenda que hay que recordar que la ministra portavoz dijo no hace mucho que era "absolutamente transparente". Lo curioso es que no pide perdón por los insultos proferidos por él mismo en la pasada legislatura ni por los de su portavoz parlamentario, Patxi López, sino por los lanzados esta legislatura y la anterior, supongo, por sus socios de Sumar y Podemos.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía se despidió hace unos días. El 1 de enero tomará posesión de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Es obvio que hay muchas formas de hacerlo, pero Calviño eligió la que más refleja su forma de ser, la que nos ha enseñado estos 5 años en el gobierno de España. Su llegada al ejecutivo de Sánchez se nos vendió al modo Solbes en el gobierno de Rodríguez Zapatero. Nadia pondría la sensatez, la heterodoxia, el buen hacer, las relaciones con la Unión Europea y la mano con los inversores internacionales. Vendería España como un país solvente a pesar de que su socio preferente y miembro del gobierno fuera el comunismo a la Argentina. Nadia sería el dique de contención de políticas contra la propiedad privada, la empresa y los empresarios. Incluso Sánchez reprochó al líder de la oposición durante la campaña de las elecciones del 23-J que él tenía a Nadia y el PP a nadie.

España tiene un problema de paro estructural en los jóvenes, los mayores de 45 y las mujeres. La solución del Gobierno pasa por aumentar la prestación por desempleo mientras que los trabajadores con un contrato fijo discontinuo suben exponencialmente, ya se habla de más de 700.000. Es decir, empleados que se van al paro y siguen cobrando la prestación y que lo pueden hacer decenas de veces en un año. ¿Y qué ocurre mientras en el mercado laboral? Además, de ese paro estructural, el mayor de la Unión Europea y de la OCDE, ocurre que decenas de miles de empleos se quedan sin cubrir y se sigue sin pedir de forma exigente aceptar un empleo en lugar de seguir subsidiado.

El Gobierno aprobó esta semana el techo de gasto, la base donde se anclan los Presupuestos Generales del Estado que intentará aprobar hacia febrero-marzo del año próximo. La previsión que el gasto público siga escalando hasta el punto de que marca un récord, casi 200.000 millones de euros. Poco importa la presión que el gasto ejerce sobre la inflación o la necesidad de ingresos para llegar a un déficit público en el entorno del 3% del PIB. De hecho, la ministra Montero nos cuenta que la recaudación será de prácticamente 24.000 millones más que el año anterior. Nada se sabe de las medidas anticrisis que vencen el 31 de diciembre. Parece que se retirarán y que volverán a ser un maná de ingresos para el Estado y una cruz para los ciudadanos que verán cómo sus recibos de luz y gas o los alimentos básicos vuelven a los tipos de IVA anteriores elevando sus facturas y poniendo aún más en riesgo sus posibilidades de llegar a fin de mes.