SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 18 (SERVIMEDIA)
El magistrado y letrado del Tribunal Constitucional Carmelo Jiménez criticó este viernes el "voluntarismo" en las reformas judiciales y abogó por la instrucción fiscal en el proceso penal de mayores, una figura que "no responde a una realidad" según "la jurídica ni es la solución de problemas" si no se "pone los pies en la tierra".
Así lo afirmó durante su intervención en el curso 'Instrucción judicial o fiscal y Estado de Derecho' enmarcado en la programación de los Cursos de Verano organizados por CEU-María Cristina. Jiménez desglosó la evolución del sistema jurídico español y desmintió lo que considera "propaganda" sobre la labor de los jueces y fiscales.
Inició su discurso ofreciendo una perspectiva histórica del Estado de derecho y señaló que "ningún estado es viable si tales soluciones, gobernar, legislar y juzgar, no se ejercen de manera permanente". Subrayó que la Constitución española establece que los jueces no ejercerán "más funciones que las que ejerzan en el apartado anterior" , que se refiere a "juzgar y ejecutar lo juzgado". A partir de esto, argumentó que "la función de instruir causas criminales… no está entre las funciones esenciales que corresponden a los poderes judiciales" , ya que "investigar no es juzgar".
Además, enfatizó que "la ley puede atribuir la instrucción al fiscal sin ninguna taca de inconstitucionalidad". También recordó que la instrucción judicial ha sido una opción "secular" en España , no es un "imperativo constitucional".
UN "FRENO CONTRA LA INDEPENDENCIA"
Asimismo, desmintió el "mito" de que "el Gobierno puede dar instrucciones al fiscal", asegurando que "no existe, no es verdad". "Todos los partidos políticos, tanto el PP como el PSOE, han propuesto un fiscal instructor", lo que demuestra un "consenso político" sobre el tema.
El letrado señaló que, si bien el derecho comparado confirma que "el fiscal es quien instruye en muchos países", esto no garantiza un "mejor resultado" en términos de duración, costes o garantías procesales. Calificó estas afirmaciones como "voluntarismo" y "propaganda" y reconoció que la unidad de actuación y jerárquica del fiscal podría permitir una "mayor agilidad" al evitar los "peloteos" entre juzgados de instrucción.
Concluyó asegurando que, para lograr una mejora en la fase de investigación delictiva, cualquier regulación debe "fijarse en la realidad, partir de datos y analizar las instituciones, estructuras y repartos del poder". De lo contrario, la reforma podría ser un "caso más de mercadotecnia legislativa".
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