MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos exalcaldes de Enguera y uno de Requena a penas de entre uno y dos años de prisión por delitos de prevaricación, fraude y malversación en la adjudicación irregular de varios contratos municipales entre 2013 y 2015.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana este miércoles, la sentencia también impone tres años de cárcel al empresario beneficiado por estas irregularidades y la misma pena, junto con una multa, a un funcionario de la Diputación que falsificó documentación.
Los magistrados han considerado probado que el empresario José Mariano L.S., administrador de Técnicas Legales Administrativas (TLA), se concertó con los entonces alcaldes de Requena y Enguera para simular contratos sin publicidad a favor de la empresa Servimun SLU.
El tribunal ha declarado probado que estos contratos, relacionados con servicios de apoyo a la actividad inspectora para el cobro de impuestos municipales, se adjudicaron de forma irregular y fraudulenta, causando perjuicio a las arcas públicas de ambos ayuntamientos.
TRAMA DE CONTRATOS FRAUDULENTOS
La sala ha impuesto a los exalcaldes Javier B.R. (Requena) y Santiago A.Ll. (Enguera) penas de un año y un día de prisión, además de seis años y un día de inhabilitación para empleo público, como autores de delitos de fraude y prevaricación.
El tercer exalcalde condenado, Óscar M.P., que sucedió en el cargo a Santiago A.Ll. en Enguera, deberá cumplir dos años y un día de cárcel por aprobar el pago de una factura injustificada relacionada con un informe sobre una fábrica de pan.
La investigación ha revelado que el coste real de los servicios contratados era inferior al presupuestado y que los informes presentados no cumplían los requisitos técnicos necesarios para la liquidación de impuestos municipales.
FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL
Un funcionario de la Diputación, que ejercía como jefe de la sección de tributos, ha sido condenado a tres años de prisión y multa de 1.800 euros por falsificar documentación relacionada con modificaciones catastrales de un camping.
La sentencia, enmarcada en la pieza K del caso 'Taula-Imelsa', absuelve a los acusados de otros delitos y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
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