MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó este viernes retirar el pasaporte y prohibir salir de España al constructor José Ruz, al considerar que existen "indicios bastantes" de que obtuvo la concesión de obras públicas a cambio del presunto pago de comisiones al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
La decisión del instructor se produjo tras tomar declaración esta jornada tanto a Ruz, administrador de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), como a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Sobre los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, el magistrado les impuso la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, o el siguiente día si alguno de aquellos fuera festivo, en la Secretaría del Juzgado Decano de Toledo, así como cuantas veces sean llamados.
Los investigados defendieron la legalidad de los contratos obtenidos y subrayaron la importancia de acudir al Ministerio de Transportes para conocer el funcionamiento de los procesos de licitación pública, pero rechazaron haber participado en cualquier tipo de pago ilícito o irregularidad en la adjudicación de obras públicas.
"CAFETERA O LÍNEA SEGURA"
Puente dictó tres autos tras interrogar a estos empresarios sobre la relación que tuvieron con Ábalos y Koldo y sobre si les pagaron comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Respecto a Ruz, que además de no poder salir de España deberá comparecer también los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado, el juez considera que existen "indicios bastantes" de que "podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración con los investigados don Koldo García y don José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía".
El magistrado considera que este empresario "pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas" por el Ministerio de Transportes.
Apunta que este investigado pudo usar "líneas telefónicas 'seguras', tal y como él mismo ha admitido en el curso de su declaración" para comunicarse con Koldo García, "refiriéndose a ellas como 'café' o 'cafetera' cuando consideraban oportuno, a instancia de uno u otro".
Ante estos indicios, Puente considera que Ruz podría haber cometido delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo, motivo por el que decreta estas medidas cautelares contra él.
"EN CONNIVENCIA" CON ÁBALOS
Respecto a Antonio Fernández, el instructor explica que, en su condición de administrador, al menos de hecho, o cuando menos, de apoderado de la entidad mercantil Obras Públicas y Regadíos (O.P.R.), para la que prestaba servicios profesionales especializados, se puso presuntamente de acuerdo con Ábalos y Koldo para lograr obras por comisiones.
En concreto, "en connivencia" con el exministro y su exasesor podría "haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas" por Transportes.
En el caso de Daniel Fernández Menéndez, además, se abordó la contratación de la exmujer de Koldo García por parte de la empresa Áridos Anfersa, aunque el empresario insistió en que solo actuó como intermediario y que desconocía si la mujer llegó a trabajar efectivamente en la empresa.
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