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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta que el balance del proceso de reformas estructurales pactado por el Gobierno con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación está siendo “muy decepcionante”, ya que algunas de las nuevas normas apuntan “en la dirección contraria a la que sería deseable”, mientras que otras están “casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de mejoras necesarias”.
Así lo indicó el organismo en el artículo ‘Boletín FEDEA no. 22: Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación’, firmado por Ángel de la Fuente, en el que subrayó que, en cumplimiento con el calendario de reformas, en los dos últimos dos años y medio se han aprobado “numerosas normas legales, algunas de ellas de gran importancia económica y social”.
No obstante, el autor subraya que, aunque se ha respetado “generalmente” el calendario previsto, esto se ha conseguido a través de una “utilización excesiva de procedimientos de urgencia que pueden haber repercutido negativamente sobre su calidad”.
Fedea apunta que dos de los casos “más paradigmáticos y preocupantes de reformas mal planteadas” son la reforma de las pensiones y la Ley de Vivienda.
Sobre la primera apunta que debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de “garantizar la sostenibilidad financiera del sistema”, pero ha terminado teniendo “el efecto contrario”, al introducir una serie de disposiciones que pondrán una “fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas”.
El autor del análisis asegura que, incluso con la nueva cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que obligará “más pronto que tarde a subir las cotizaciones sociales”, el efecto previsible de la reforma será “un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas cuya financiación absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado”, lo que dejará “poco margen para otras prioridades de gasto e inversión”.
Sobre la Ley de Vivienda, apunta que contribuirá seguramente a “agravar” el problema de escasez de oferta a través del retraimiento de esta ante una norma que “reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad”.
Por otro lado, Fedea indica que dos normas en tramitación que son “buenos ejemplos” de reformas aprobadas con “limitaciones” son el proyecto de ley de función pública estatal o la ley de familias.
Acerca de la norma de los funcionarios, el organismo asevera que el texto viene a desarrollar “algunas innovaciones” esbozadas en el Estatuto básico del empleado público que podrían “ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública” mediante la “profesionalización de sus directivos y la mejora de las herramientas de las que estos disponen”. Todo ello con el objetivo de “incentivar el buen desempeño del personal” y “desplegar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades del servicio”.
Sin embargo, el análisis señala que, tras los cambios introducidos con respecto al texto original del anteproyecto, los avances son “excesivamente tímidos”, ya que se desvirtúa “el papel de las nuevas evaluaciones de desempeño” a la vez que se introducen “nuevos elementos de rigidez que tendrán efectos contrarios a los supuestamente buscados”, como la exigencia de pactar por adelantado con los sindicatos cuestiones clave para el buen funcionamiento de las administraciones.
Por otro lado, Fedea asegura que el balance es “más positivo” en el caso del proyecto de ley de familias, ya que introduce una “bienvenida actualización del concepto de familia para adecuarlo a la cambiante realidad social” y, en coherencia, “extiende algunas ayudas antes restringidas a familias numerosas o parejas casadas a nuevos beneficiarios”.
No obstante, critica que el texto se alarga “innecesariamente” con “un voluntarioso catálogo de buenos propósitos que, en muchos casos, carecen de contenido o resultan redundantes por tratarse de derechos ya garantizados en otras normas vigentes”.
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